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Después de más de un mes que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó concentrar los 2 mil 800 expedientes en los órganos, el día de hoy los dos jueces federales encargados de resolver los amparos contra el aumento de precios de la gasolina comenzaron a admitir a trámite las demandas.
Ileana Moreno y José Luis Cruz, jueces Primera y Segundo Auxiliares de la Primera Región, se han negado a conceder suspensiones a quienes piden que se les siga aplicando los precios de gasolina de diciembre de 2016, esto hasta que se resuelva si el aumento significó la violación a algún derecho constitucional.
Los jueces resolvieron que “de conceder la medida solicitada se afectaría el interés social y el orden público, porque podrían generarse distorsiones en los precios de los hidrocarburos que afectarían al público consumidor de manera generalizada”.
Para los quejos, el poder Ejecutivo federal ha hecho omisión en aplicar el Artículo 28 de la Constitución, el cual permite controlar el precio de los productos básicos.
Han impugnado también la Ley de Ingresos de 2017, el Acuerdo de la Secretaría de Hacienda para precios máximos este año y el cronograma de la Comisión Reguladora de Energía para aplicar dicho acuerdo.
En febrero pasado y ante el caos que generó las dudas respecto a la materia que correspondían, el CJF decidió concentrar todos los amparos en los dos juzgados auxiliares, ya que no quedaba claro si se trataban de asuntos administrativos o especializados en competencia económica. Por esta misma razón, varios jueces fueron declarados incompetentes para llevarlos.
Los juzgados auxiliares tardaron el abordar el tema del gasolinazo debido a que ya contaban con más de 10 mil amparos en contra del buzón tributario del SAT.
Aún y cuando estos jueces admitieron las demandas, el que lo amparos sean concedidos es una probabilidad casi nula, y aunque fallen a favor de los inconformes, las sentencias todavía tendrían que ser revisadas por tribunales colegiados o la Corte.
En enero pasado, ya se habían desechado 50 amparos considerados como improcedentes por la jueza Silvia Cerón. En estos se utilizaron argumentos que muy probablemente serán los que terminen rigiendo en estos litigios, ya que la Corte ha establecido que el Poder Judicial no tiene la función de fijar precios o controlar variables económicas.
En este contexto, Cerón afirmó:
“No corresponde al juzgado federal imponer una obligación a los expendedores de gasolina, para que realicen el cobro de los productos que venden bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional”.
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