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Graco Ramírez, oficializó su intención de ser candidato por el PRD para contender por la Presidencia de la República en 2018. Dijo que el tema ya es de conocimiento de la presidencia del partido y que las reglas estarán definidas en agosto. “Hay que buscar un método (en el PRD) para tener un sólo candidato de oposición democrática en México, yo espero que haya elección del partido en agosto y definir las reglas de la candidatura”.
“Se requiere generar un nuevo sistema político. Ningún partido, ni el PAN, ni el PRI, ni nosotros, tenemos la conexión si no generamos una gran coalición. Todos los que podamos construirla, con sectores del PRI también y del PAN, y de izquierda, para construir un régimen político que es lo que hace falta, que es lo que está en crisis en México.
El otro proyecto es el personalista, de quien dice que va a llegar ( a la Presidencia) y va a salvar al País, es un proyecto parecido al de (Donald) Trump. No les importan los partidos sino les importan las personas”, expuso Graco Ramírez a Reforma.
Sin embargo, en Morelos, el hartazgo por el gobierno de Graco Ramírez se ha materializado en movilizaciones históricas de cien mil ciudadanos. “¡Fuera Graco!”, ha sido la bandera de la población inconforme.
Las cifras indican que en tres años y nueve meses del gobierno de Graco Ramírez, se cometieron 3 mil 673 homicidios en el estado; mil 992 dolosos y mil 681 culposos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
Además el número de homicidios en el estado supera la población de la comunidad indígena de Amilcingo, municipio de Temoac, que tiene 3 mil 195 habitantes, y triplica la del también poblado indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla, con 912 residentes.
Cabe señalar que en agosto pasado, al presentar el informe Fosas clandestinas de Tetelcingo: interpretaciones preliminares, el cual se elaboró con los datos obtenidos de la exhumación de 117 cuerpos en nueve bolsas con partes de restos humanos en dicha localidad, defensores de derechos humanos aseguraron que la evidencia deja en claro que el estado de Morelos está gobernado “por criminales que merecen ser destituidos y sometidos a juicio político”.
Javier Sicilia, del Movimiento por la paz con justicia y dignidad; Roberto Villanueva, del Programa de atención a víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Valentina Peralta, de la Red eslabones por los derechos humanos, María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete e Iván Martínez Duncker, de la Comisión científica de identificación humana, precisaron que la exhumación de los cuerpos confirma que “el gobierno de Morelos desaparecía personas que estaban siendo buscadas” al inhumarlas en fosas, con el argumento de que no habían sido reclamadas por familiares.
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