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Fueron casi 10 horas, las que pasó la exconsejera electoral del Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana (IEPC), Margarita Esther López Morales, a disposición del juez federal.
Después de esto, por una fianza de 15 mil pesos le dio el derecho de enfrentar el proceso penal en libertad, pues el delito de fraude electoral cibernético es considerado no grave, se informó.
Fue el miércoles por la noche, cuando López Morales ya estaba en su casa, luego que la Fiscalía Especialziada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) le ejecutaron una orden de captura girada por el Juez Segundo de Distrito con sede en el penal de El Amate.
Tan pronto como fue detenida la llevaron a dicho penal, donde compareció ante el juez federal que le leyó el expediente derivado de las investigaciones por el voto de los chiapanecos en el extranjero.
Cabe señalar que no solamente ella está involucrada en el proceso que lleva la Fepade, también son investigados los exelectorales Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita del Carmen Girón López y Carlos Domínguez, así como Amable Méndoza de los Santos quien fue secretaria Técnica de la comisión para los votos de los chiapanecos en el extranjero.
Todo se desencadenó pasado el proceso electoral del 19 de julio del 2015, ya que se reveló que la lista nominal de chiapanecos en el extranjero fue alterada y los nombres de miles de chiapanecos que no pudieron votar en Chiapas aparecieron en países tan remotos como Camboya o Vietman.
Sufragios que en su mayoría fueron a parar supuestamente al candidato del PVEM, Roberto Pardo, un residente de MacAllen, Texas, quien “ganó” las elecciones de diputado migrante.
Todo esto orquestado también por la empresa DSI Elecciones SA de CV, que mantenía litigios contra el IEPC por adeudos de este órgano electoral desde los comicios del 2012. Posteriormente se reveló que los dueños de la empresa mantenían un parentesco con el candidato ganador del PVEM.
Por lo que solamente tres meses duró en el cargo el diputado migrante, pues fue desaforado en diciembre del 2015 al ser notificado el Congreso del Estado por la Fepade que era investigado él y el proceso que lo llevó a esa curul, además de que fue expulsado de las filas del PVEM.
Sin embargo, pese a ser un órgano colegiado en la toma de decisiones, las investigaciones dejaron fuera a Los consejeros Lourdes Morales Urbina, Lili Chang y Jorge Morales. En tanto, por parte de la empresa DSI Elecciones SA de CV, fue detenido y procesado Carlos Alberto Díaz Hernández, representante legal de la misma.
Debido a que el delito de fraude electoral cibernético no es delito grave, los implicados podrían salir con una fianza o bien ampararse para evitar ser capturados como ya lo ha hecho otros implicados.
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