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(22 de marzo, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La comunidad zapoteca de Unión Hidalgo exige que las autoridades respeten su derecho al consentimiento libre, previo e informado y a que se le consulte antes de otorgar cualquier concesión para construir parques eólicos.
Ya que aseveran “el desarrollo de parques eólicos ha motivado un incremento de violaciones a sus derechos humanos. Es por ello que los tres niveles de gobierno deben regirse bajo los más altos estándares de derechos humanos, en específico al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas”, exigieron.
La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, tiene el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quienes presentaron un amparo en los Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, “ante la posibilidad que las autoridades federales, estatales y municipales otorguen concesiones para la instalación de nuevos proyectos eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec”.
El amparo argumenta la falta de consulta para la instalación de cualquier proyecto por parte de las siguientes empresas eólicas: EDF y/o Eléctrica del Valle de México; GAMESA; y Eólica Unión.
Cabe señalar que los habitantes de Unión Hidalgo decidieron interponer este recurso legal con base en documentación de hechos que han ocurrido en la localidad, así como por recientes declaraciones de autoridades de los gobiernos estatales y municipales al respecto de la instalación de nuevos proyectos eólicos en la zona.
Por su parte, Juan Antonio López, Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC, enfatizó que urge garantizar que se respete el derecho de las comunidades al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada, ya que “de no hacerlo se corre el riesgo de repetir atropellos como los que han cometido otras empresas eólicas en la región del Istmo de Tehuantepec”.
La comunidad enfatiza que frente a cualquier proyecto de este tipo la nueva administración en Oaxaca debe regirse bajo los más altos estándares de derechos humanos. La falta de consideración de la calidad de la tierra, así como los usos y costumbres de los pueblos que la habitan afecta la propiedad y posesión de la comunidad agraria de Unión Hidalgo.
López advierte que “el desarrollo de Oaxaca y de México debe respetar los derechos humanos y sobre todo, el derecho de los pueblos y las comunidades a elegir su propio desarrollo”. También señaló que “el gobierno estatal de Oaxaca y el municipal de Unión Hidalgo deben brindar y asegurar certeza jurídica y acceso a la justicia para las comunidades y los pueblos que de manera legal y pacífica se encuentran en procesos de defensa de su tierra, territorio y bienes naturales”.
De acuerdo con ProDESC, “en los últimos años, el incremento de parques eólicos en la región ha representado un aumento a las violaciones de los derechos humanos de las comunidades que habitan en la zona, tales como el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
A la par, se han registrado casos de hostigamientos y amenazas en contra de las comunidades. A esto se suma la falta de cumplimiento por parte de las autoridades para garantizar la protección de la comunidad”.
También señalan como muestra de esta afectación “violaciones a derechos humanos que desde el año 2011 enfrentan las y los poseedores de las tierras de Unión Hidalgo luego de que la empresa Desarrollos Eólicos de México, S.A. de C.V. (DEMEX), filial de la española Renovalia Energy, orillara a la comunidad a firmar contratos de arrendamiento con poca información, proporcionada en español a pesar de que en la región se habla zapoteco, y sin contar con datos sobre las consecuencias negativas que implicaría el proyecto en su territorio”.
“Al firmar los contratos no se respetó el carácter comunal de la tierra, ya que en los documentos se asentó la calidad de las personas que firmaban como pequeños propietarios y no como comuneros.
Por ese motivo las y los posesionarios de Unión Hidalgo interpusieron una demanda para solicitar la nulidad de esos contratos. Este proceso aún continúa en los tribunales”, puntualiza ProDESC.
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