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Redacción Desinformémonos
9 febrero 2017
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foto: Carlos Ayala
Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, y el abogado Vidulfo Rosales, señalaron la “falta de voluntad y el encubrimiento de la autoridades para que el caso Ayotzinapa no se resuelva. Nos entregaron un acuerdo de conclusión muy distinto al dado a conocer por algunos medios”. En conferencia de prensa al salir de la reunión que sostuvieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, denunciaron que les fue presentado un acuerdo de conclusión muy distinto al que en su momento dio a conocer la revista Proceso y otros medios de comunicación.
El documento dado a conocer por Proceso en los números 2090 y 2091 hace referencia a las responsabilidades de Tomás Zerón y de al menos cinco funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en los hechos del 28 de octubre de 2014. Las investigaciones fueron realizadas por la Visitaduría General de la PGR un mes después de la desaparición de los 43 normalistas, para la fabricación de la llamada “verdad histórica” y que no están reportados en el expediente.
En el documento que les fue entregado hoy por la PGR, solo se habla de “sanciones administrativas” y los 18 puntos en los que se describían las responsabilidades en las que incurrieron los funcionarios en el reporte anterior, se redujeron a siete, omitiendo principalmente las que “instruían dar vista al Ministerio Público”.
Vidulfo Rosales señaló que durante la reunión no hubo respuestas concretas a las preguntas de los padres sobre si se investiga a funcionarios públicos como el actual director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar García Harfuch, cuyo número de contacto y el del exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, están inscritos en una libreta asegurada al supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, presuntamente involucrado en la desaparición de los 43. Tampoco se dio información sobre los datos que se ocultaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre ellos la confirmación del trasiego de droga de Iguala a Chicago a través de camiones de pasajeros ni de la estructura criminal de Guerreros Unidos.
Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, expresó que “vemos cómo de manera tendenciosa y mañosa que este Gobierno pretende dejar en el olvido el caso y los compromisos que adquirieron, porque no negociamos” y agregó “uno de los pocos compromisos de esta reunión es que se va a incrementar el número de agentes para llevar a cabo la investigación y se va a incorporar más tecnología, que son compromisos ya viejos, lo que queremos son respuestas prontas”, indicó De la Cruz.
Emiliano Navarrete y Mario González hablaron en representación de los padres y cuestionaron la capacidad para dar una respuesta concreta 28 meses después de la desaparición de sus hijos:“ya es un síntoma de complicidad de las autoridades para ocultar los hechos, ya hay un hartazgo en los padres que decimos que todo se tiene que solucionar este año” señaló Mario González y Emiliano Navarrete preguntó “¿cómo es posible que después de 28 meses en que desaparecieron nuestros hijos, el gobierno no sepa dónde están? No podemos aceptar tanta ineptitud y que no puedan dar respuestas. Lo que vemos es que en la PGR no hay voluntad para dar con nuestros hijos y esclarecer los hechos”, asimismo, anunciaron que se intensificarán las movilizaciones.
Por su parte, después de la reunión, la PGR confirmó que “existe un acuerdo” para solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que inicie un “procedimiento administrativo” contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio y seis personas más, por irregularidades en el caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, Alfredo Higuera Bernal, fiscal del Caso Ayotzinapa reveló que en el acuerdo de conclusión que les entregaron a los padres de los normalistas desaparecidos este jueves, se “indica” que hay responsabilidad administrativa contra Tomás Zerón y aclaro que será la SFP que basada en los elementos de la Visitaduría General de PGR quien finque nuevas responsabilidades.
Higuera Bernal dijo que además de Tomás Zerón, la Secretaría de la Función Pública investiga a otras seis personas pertenecientes a la SEIDO, Servicios Periciales, entre otros departamentos, por conductas y posibles omisiones en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Con información de la Revista Proceso
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