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Redacción Desinformémonos
13 febrero 2017
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foto: Ricardo Ruiz Cruz
Ciudad de México I Desinformémonos. “La resolución de la investigación interna del caso Ayotzinapa en la que se da cuenta de las irregularidades y que fue filtrada a medios de comunicación hace trizas toda la base de las investigaciones del basurero de Cocula y el río San Juan, mientras que la nueva resolución entregada por la Procuraduría General de la República (PGR) a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en la reunión del 9 de febrero, minimiza la gravedad de las irregularidades” declaró el abogado Vidulfo Rosales, quien difundió en redes sociales un cuadro comparativo de ambas resoluciones.
En noviembre de 2016, la Revista Proceso publicó: Una auditoría interna de la Procuraduría General de la República (PGR) a los más de 200 tomos del expediente abierto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 pone en evidencia que, debido al cúmulo de irregularidades, omisiones y deficiencias, “no existe claridad en las líneas de investigación que deberán implementarse para poder dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, y, peor aún, es claro que “no se continuó con algún esfuerzo por parte de la autoridad responsable” para alcanzar el principal objetivo: conocer el destino final de los jóvenes.
Esas observaciones forman parte de las 17 conclusiones de la Evaluación Técnico Jurídica practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, realizada por la Visitaduría General de la dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez, quien dejó su cargo antes de dar a conocer el resultado de las investigaciones abiertas al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por haber realizado diligencias de modo irregular o ilegal (Proceso 2090).
En las 18 irregularidades que hubo en las diligencias del río San Juan, en Cocula, se señala que el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “realizó actos de investigación” en el lugar “sin encontrarse bajo la conducción del Ministerio Público”, pero en la Nueva Resolución que elaboró la titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), Adriana Campos López, y que se entregó el 9 de febrero a los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no hay ni una mención al respecto.
La primera irregularidad es que la retención de siete personas dentro de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, incluyendo la de Agustín García Reyes, El Chereje, miembro del grupo criminal Guerrero Unidos, “se realizaron de manera ilegal y arbitraria” y en la Nueva Resolución se afirma “con énfasis” que las detenciones y retenciones fueron legales.
La segunda es que el certificado médico de García Reyes fue irregular y ahora se le atribuye al Ministerio Público la falla.
La tercera indica que no se glosó a la averiguación el oficio con que cesó la custodia de García Reyes “con lo cual se permitió su ilegal sustracción e ilegal entrega” a Zerón de Lucio “sin causa legal que lo justificara”, esta irregularidad también se le atribuye al Ministerio Público.
La cuarta es que García Reyes fue entregado a Zerón de Lucio sin causa legal que lo justificara, en la Nueva Resolución se le atribuye esta irregularidad al fiscal José García Valentín.
En la quinta se da cuenta de la visita de Zerón de Lucio al río San Juan el 28 de octubre de 2014, pero en la Nueva Resolución no hay una mención al respecto, aunque se señala que era responsabilidad del entonces titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la SEIDO, Abraham Eslava, estar en la investigación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
La sexta indica que se vulneró el derecho a la defensa en perjuicio de García Reyes, ya que fue trasladado al río San Juan sin la presencia y asistencia de su defensor en actos de investigación, pero en la Nueva Resolución no se dice nada al respecto y por lo tanto no se considera una irregularidad.
También se señala que hay indicios de que García Reyes fue torturado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se asentaron horas contradictorias en la reconstrucción de los hechos del 29 de octubre de 2014 y que falta el informe de la intervención policial en el río San Juan.
Otras irregularidades son la ausencia de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico que se mencionan en el video que dio a conocer la Agencia de Investigación Criminal, y que hubo manipulación dolosa para hacer sugerir de manera falsa que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atestiguó las diligencias.
En 6 de las 18 irregularidades, la Nueva Resolución no hizo ningún pronunciamiento, tres se le atribuyeron al Ministerio Público, dos a los peritos la que indica que no se formalizaron las actuaciones del 28 de octubre de 2014, se le atribuye a Abraham Eslava (sin mención de derecho a la verdad).
Mientras que en el caso de la irregularidad que señala que no hay constancia legal de que se haya ordenado específicamente dejar bajo resguardo la zona del río San Juan, cuando terminaron los trabajos del 28 de octubre, se sostiene lo contrario con base en entrevistas donde testigos afirman que Zerón de Lucio ordenó el resguardo, aunque no hay evidencia documental y pese a que al inicio de la diligencia el 29 de octubre no se rompieron los sellos ni se recibió el lugar de sus custodios.
La responsabilidad administrativa de las irregularidades recae en Zerón de Lucio, en la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) Blanca Alicia Bernal, el fiscal de la UEIDMS Jorge García Valentín, el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Asalto y Robo a Vehículos Abraham Eslava Arvizu, el integrante de la Policía Federal Ministerial Jaime David Díaz Serralde, la perita en fotografía Eva Hernández Moreno y los peritos en Medicina y Antropología Mauricio Cerón y Patricia Gómez Ramírez.
La PGR informó en rueda de prensa al concluir la reunión del 9 de febrero, que ya solicitó el inicio de los procesos correspondientes en contra de los responsables de las irregularidades a la Secretaría de la Función Pública, que ahora encabeza la anterior procuradora Arely Gómez, con quien Zerón de Lucio se desempeñaba como director de la AIC, pese a que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pidieron que a Tomás Zerón se le iniciara un proceso penal.
Buena parte de las observaciones realizadas por la Auditoría interna de la PGR coinciden con las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la necesidad de llamar a cuentas a miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, e incluso con algunas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la de presentar cargos penales contra policías federales por no haber intervenido para proteger a los jóvenes.
con información de la Revista Proceso y El Sur de Guerrero
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