ONU condena asesinato de defensor de DH; en 15 días van dos homicidios de activistas en la Sierra Tarahumara

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(03 de febrero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó el asesinato del defensor Juan Ontiveros Ramos.

El rarámuri oriundo del municipio Guadalupe y Calvo en Chihuahua, fue encontrado muerto el miércoles tras haber sido levantado. La organización internacional exhortó a las autoridades para que investiguen con diligencia el caso, lleven a los responsables ante la justicia y garanticen la seguridad de la familia de Juan Ontiveros y su comunidad, indicó la ONU.

Hace 15 días, fue asesinado Isidro Baldenegro, también defensor de derechos humanos en la Sierra Tarahumara, razón por la cual la ONU acotó que “la defensa de la tierra y el territorio no debería ser sinónimo de riesgo para ninguna persona”. 

De acuerdo a la información, Ontiveros dirigente indígenas y comisario de policía de la comunidad de Choreachi, formó parte del grupo de activistas en favor de la conservación del bosque en la comunidad de Coloradas de la Virgen, donde también realizaba labor Isidro Baldenebro, quien también fue asesinado 20 días atrás.

Luego de conocer la muerte violenta de Baldenebro, Ontiveros Ramos acudió a la ciudad de Chihuahua, donde autoridades de la Fiscalía General del Estado y de Derechos Humanos recibieron denuncias sobre la situación de violencia y acoso en la Sierra.

En tanto, el martes, Juan Ontiveros viajaba en un vehículo en la zona serrana, cuando fue interceptado por hombres encapuchados, quienes o bajaron en forma violenta y lo raptaron; su hermano Isidro que lo acompañaba regresó a salvo.

Este miércoles, el cuerpo del indígena fue localizado en la comunidad Los Flacos, a unos kilómetros de donde fue levantado. El gobernador Javier Corral informó “la Fiscalía del estado tiene identificado al homicida y están por ejecutarse varias órdenes de aprehensión relacionadas con asesinatos en la región serrana”.

Cabe señalar que ya son trece los defensores del territorio tarahumara, que han sido asesinados en los últimos 30 años, comentó la directora de Sierra Madre, Isela González. En 2016 fueron asesinados los activistas Víctor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo, mientras Isidro fue el primero de 2017, y quince días después Juan Ontiveros.

A su vez, organizaciones reunidas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) expresaron su indignación y preocupación por el “inaceptable secuestro y posterior asesinato de Juan Ontiveros Ramos.

Este asesinato es una muestra de la inacción del Estado mexicano ante la vulnerabilidad de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, por lo que exigimos que de inmediato se tomen medidas que garanticen una investigación oportuna así como la seguridad de las mismas, que permitan el retorno de las familias desplazadas y garanticen su derecho a defender los derechos humanos”.

Aseguran que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia contra las personas defensoras en la región. Las agresiones hacia la comunidad Choréachi y la ocupación de su territorio por grupos de delincuencia organizada, son un problema sin resolver de mucho tiempo.

Desde hace años ya se había denunciado como una situación de emergencia, cuando el 20 de febrero de 2014 varias organizaciones de la región enviaron una solicitud de medidas cautelares a la CIDH por el caso de Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares, mismas que fueron otorgadas para preservar su vida y para que pudiesen realizar su labor de defensa de derechos humanos sin ser objeto de violencia.

TDT denuncia que estas medidas siguen sin materializarse efectivamente, lo cual redunda en la impunidad y falta de procesamiento de los crímenes contra los defensores del territorio en la Sierra Tarahumara, y en el estado de Chihuahua, siendo éste el que tiene mayor número medidas cautelares otorgadas a personas defensoras de derechos humanos en México.

“Es importante mencionar que no es la primera vez que cuando se denuncia la problemática, viene como consecuencia la amenaza: como prueba en 2013 después de la denuncia ante instancias internacionales, una de las principales denunciantes de la situación en la comunidad no pudo regresar a su comunidad porque los agresores se enteraron de ello y le amenazaron seriamente. Al día de hoy, continúa desplazada de manera forzada”, señalaron.

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