Aprobación de ley Atenco, avalará disposiciones ambiguas y arbitrarias respecto al uso de la fuerza en protestas: FLEPS

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(28 de febrero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La resolución de la SCJN sobre la “Ley Eruviel” o “Ley Atenco”, será determinante para la vigencia de las libertades democráticas en México, de acuerdo al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
Además, aseguran que la discusión sentará un precedente sobre la regulación del uso de la fuerza, en particular en contextos de manifestaciones públicas. Por lo que para la organización preocupa que el proyecto del Ministro Pérez Dayán avale la Ley, “a pesar de su contenido ambiguo y en un contexto de retroceso del derecho a la manifestación y protesta”.
Señalan que “el proyecto de sentencia del Ministro Alberto Pérez Dayán sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México (conocida como “Ley Eruviel”), requiere una discusión seria y profunda.
En razón del impacto que tendrá sobre los derechos humanos a la vida, integridad y libertad personal y a la vigencia de las libertades democráticas en México. De aprobarse, la propuesta sentaría un precedente pernicioso al avalar disposiciones ambiguas y arbitrarias respecto al uso de la fuerza.
La regulación y control sobre el uso de la fuerza pública ha sido una demanda permanente de la sociedad civil por muchos años, así como una constante recomendación por parte de organismos de derechos humanos, incluyendo al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.
Además, citan al Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien aseguró que en México, el abuso en el uso de la fuerza es una práctica sistemática por parte de los cuerpos de policías.
Durante la última década, se han documentado casos de violaciones graves a derechos humanos, derivadas del uso arbitrario e indiscriminado de la fuerza, incluidas el uso de armas de fuego, lo que pone en evidencia la importancia de establecer limites y controles adecuados para su uso, se afirma.
Casos como Atenco y Oaxaca (2006), Chalchihuapan (2014), Nochixtlán (2016), Ixmiquilpan, y Playas de Rosarito (2017), “evidencian cómo la protesta ha sido calificada como disturbio o desorden público, dando pauta al uso de la fuerza pública como primera opción y sin observar los principios de absoluta necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas.
Además de no contar con normas claras para la supervisión y control de dichos operativos que se traduzca en una posterior rendición de cuentas. Cabe mencionar que el caso Atenco fue recientemente sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién enjuiciará a México por las violaciones a derechos humanos cometidas en dicho caso”.
No obstante lo anterior, las organizaciones señalan que la obligación del Estado de limitar el uso de la fuerza, actualmente se desvirtúa mediante legislaciones permisivas sobre el uso ilegítimo de la fuerza (a través de diversas iniciativas a nivel local e incluso en relación con las Fuerzas Armadas).
“Generalmente mediante la incorporación de supuestos amplios para permitir el uso de la fuerza frente a manifestaciones, a las que generalmente se les clasifica de manera negativa; estableciendo así, salvaguardas frente a actos arbitrarios de las corporaciones policiacas y sin establecer mecanismos claros de supervisión, control y rendición de cuentas”.
Es por esto que, la discusión que inició este 27 de febrero en el Pleno de la Suprema Corte, constituirá un parteaguas en la determinación de parámetros claros y precisos para la regulación del uso de la fuerza y los limites a la violencia estatal, aseveran.
Para ello, “es vital que nuestro Tribunal Constitucional tome en consideración la existencia de un contexto social e histórico que demanda una limitación estricta del uso de la fuerza, principalmente en el contexto de manifestaciones, sumado a las recomendaciones internacionales que sugieren que frente al uso de la fuerza las normas sean claras y limitativas para no dar lugar a interpretaciones arbitrarias”.
Si bien el proyecto de sentencia retoma estándares internacionales (sobre el uso de la fuerza como el último recurso, limitación de armas de fuego o obligación de facilitación de las manifestaciones), “persisten aspectos preocupantes de la Ley Eruviel que de no ser debidamente acotados pueden traducirse en una carta abierta a violaciones a derechos humanos por parte cuerpos policiacos en el Estado de México”, denuncian.
Cabe destacar que el aspecto de mayor preocupación para el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social es el uso inadecuado de la interpretación conforme; ya que el proyecto propone armonizar con la Constitución y los instrumentos internacionales artículos de la Ley Eruviel que se caracterizan por su vaguedad e imprecisión.
Ante ello, el Pleno de la Suprema Corte, mencionan, debe valorar el uso de este tipo de métodos de interpretación cuando analiza leyes de estricto derecho y de carácter excepcional, como aquellas que regulan el uso de la fuerza pública, al entrañar una excepción al ejercicio de derechos. “La convalidación de deficiencias en la legislación impactaría significativamente en la vida y la integridad de las personas”.
Por lo que el FLEPS considera que la Suprema Corte “tiene la obligación de retomar éste contexto regresivo, estableciendo la inconstitucionalidad de aquellas normas que no resulten claras y precisas frente al uso de la fuerza y no subsanar los vacíos y lagunas de la Ley Eruviel”. Así, la SJCN debe establecer pautas claras para poner fin a la existencia de marcos normativos permisivos que vulneran el estado democrático y de vigencias de derechos en nuestro país, puntualizan.

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