Hay evidencia suficiente para creer que en BC, se cometieron asesinatos, tortura y privación grave de la libertad: Informe

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La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y la La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos (CCDH), publicaron un informe reciente, bajo el título México: Informe sobre presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California entre 2006 y 2012.

En dicho texto, se centra en la investigación de la presunta comisión de crímenes de competencia de la CPI en México durante los años 2006-2012 particularmente en el Estado de Baja California.

Lo anterior no significa que se reste importancia a la gravedad de los crímenes cometidos por los grupos del crimen organizado, se especifica. Aunque la información presentada se refiere, principalmente, a casos documentados por la CCDH y la CMDPDH, algunos de los cuales cuentan con recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDHBC), instituciones nacional y local de derechos humanos creadas conforme a los Principios de París.

El informe también cuenta con información derivada de testimonios y entrevistas. Asimismo, se presentan otros casos que responden al mismo patrón y ataque respecto de los cuales la PDHBC ha emitido recomendaciones.

A la luz de la información que se suministra, la FIDH, la CMDPDH y la CCDH consideran que existe una base razonable para creer que crímenes de competencia de la CPI se han cometido en México, específicamente en Baja California, principalmente crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, violación sexual, privación grave de la libertad y desaparición forzada en consonancia con el artículo 7 del Estatuto de Roma y los Elementos de los Crímenes.

Cabe señalar que el Estatuto de Roma entró en vigor en México el 1 de enero de 2006. La información que se presenta se refiere a crímenes cometidos durante el período de 2006 a 2012 en el territorio mexicano. Estas conductas caben, por lo tanto, en la competencia temporal y territorial de la La Corte Penal Internacional (CPI).

Así se señala que en Baja California, las instituciones de seguridad del Estado (militares, cuerpos federales, estatales y municipales de policía) han cometido crímenes graves, en particular torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones de nidos y por el carácter organizado de su accionar.

“Se trata de actuaciones que no son esporádicas ni aleatorias, sino planificadas, que siguen un patrón específico y que se realizan como parte de una pauta de conducta encaminada a llevar a cabo estos actos en aras de asegurar la legitimidad de una política de Estado que se revela, entre otros, por los recursos utilizados, en particular de instalaciones militares y de policía, con métodos de tortura comunes en diferentes municipios. Se considera que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI”, se asegura.

De los casos documentados, no se conoce ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, que haya sido presentado ante la justicia civil. Existe información preliminar que indica la comisión de crímenes graves, particularmente asesinatos a gran escala, por parte de los cárteles de la droga que actúan en Baja California, pero que no son objeto central de ese informe.

En virtud de la información que se presenta, se considera que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de competencia de la CPI en México, y para los alcances de este informe, en el estado de Baja California. Se sometió esta información a la Fiscal de la CPI para su conocimiento con miras a la adopción de una decisión según el artículo 53 del Estatuto de Roma.

Las organizaciones también solicitaron a la Fiscal que anuncie públicamente un análisis preliminar sobre México y realice una misión al país. Las organizaciones, a la luz de la obligación de la Fiscalía de comprobar la seriedad de estos hechos, recomiendan a la Fiscalía que solicite la siguiente información a las autoridades mexicanas:
– Información sobre investigaciones y procedimientos penales abiertos para llevar ante la justicia a los presuntos responsables por cada uno de los casos presentados.

– Información sobre las estructuras militares que actuaban en Baja California al momento de los hechos, y su relación con los agentes del estado de Baja California y las autoridades municipales.

– Todos los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDHBC) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relativos a quejas de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en Baja California entre los años 2006 y 2012.

Se señala que durante el sexenio de Felipe Calderón “la política de seguridad no contempló límites al uso de la fuerza armada, teniendo como consecuencia que se suscitaran ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil.

Fue hasta 2012 cuando el Presidente emitió protocolos para regular el actuar de los efectivos federales en una estrategia que tenía ya más de cinco años en funcionamiento. Durante todos estos años, la falta de un marco legal claro facilitó la comisión de graves abusos por los efectivos federales. No obstante, esos protocolos no satisfacían el principio de legalidad ni regulaban adecuadamente el uso de la fuerza”.

Así, en la estrategia de la “guerra contra la delincuencia organizada” no se tomaron las debidas precauciones normativas y prácticas para evitar que la población civil fuera objeto de asesinatos y otros graves crímenes. Más grave aún es el hecho de que estas conductas no fueron ni han sido cabalmente investigadas y sancionadas.

Por el contrario, existió una práctica sistemática por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo Federal, incluido el Presidente y los altos mandos del Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública de negar estos hechos, restarles importancia, ponerlos en duda o considerarlos ‘incidentes aislados’”, denuncian las organizaciones.

Por ejemplo, en el 2010 se calculaba ya el impacto en la niñez, en un total de 30 mil huérfanos como consecuencia de la estrategia federal. Por otra parte, se tuvo conocimiento sobre la estrategia del crimen organizado de reclutar menores, y se estiman en 30 mil los niños víctimas de estas acciones.

Otro indicador lo constituye el incremento del número de quejas recibidas por la CNDH relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a partir de la asignación de funciones de seguridad, aumentando de 182 en 2006 a 1,230 en 2008.

Es por esto que, de 2006 a 2012, la CNDH emitió más de 140 recomendaciones contra las fuerzas de seguridad. De acuerdo con sus investigaciones, confirman violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Ejército, la Armada –las policías federales y estatales preventivas, las cuales podrían constituir crímenes de competencia de la CPI.

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