Revisarán deuda de más de 20 mdp, que dejó Borges; “fueron recursos ejercidos sin respaldo”

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Este martes, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que existe la necesidad de revisar también la deuda de más de 20 mil millones de pesos que dejó Borge Angulo en Quintana Roo, “pues se trata de recursos que fueron ejercidos sin que existiera ningún respaldo en infraestructura”.

“Se busca aclarar en qué se usaron los recursos públicos”, declaró el  gobernador de Quintana Roo. Anteriormente, el 15 de noviembre, el secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo Dergal, dio a conocer que “el gobierno del estado presentó denuncia penal en la PGR en contra del exgobernador Roberto Borge, por la presunta venta irregular de nueve mil 500 hectáreas de la reserva del estado, a precios inferiores para beneficiar a familiares y amigos”.

En tanto, el 28 de noviembre, la organización Somos tus Ojos de Quintana Roo presentó otra denuncia  en la PGR en contra de una docena de prestanombres del exmandatario, incluyendo a la madre de éste, a quienes acusó por presuntos “hechos delictivos, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Además el actual gobernador señaló que “antes que termine el año, su administración podría presentar otras 20 denuncias en contra del exgobernador”.

Por su parte, Carlos Joaquín detalló que “serían por el presunto delito de venta ilícita de terrenos ubicados en zonas de reserva territorial del estado, a precios muy por debajo del costo real, tanto a familiares como amigos y colaboradores”.

Dicho sea de paso, el Congreso del estado enviará el próximo jueves al Ejecutivo estatal los expedientes “y pruebas necesarias para que pueda presentar una denuncia en contra de la empresa del estado VIP Saesa, por el presunto desvío de recursos por más de 40 millones de dólares durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo”, se dio a conocer.

Sobre el tema, Emiliano Ramos Hernández, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del Congreso del Estado, recordó que “derivado del análisis aplicado a la glosa del último informe de gobierno del exgobernador Roberto Borge, salieron a relucir diversas irregularidades en varias de las dependencias de la administración estatal anterior”.

Además, mencionó que durante la investigación “salieron a relucir las corruptelas cometidas por el exmandatario a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), en el que se vendieron terrenos propiedad del estado a precios inferiores y a familiares y amigos de Borge Angulo, y que hoy ya hay denuncia formal ante la PGR”.

Sumado a esto, “se encontraron inconsistencias en obras como el Auditorio del Bienestar en Cancún, cuya inversión fue de cerca de los 250 millones de pesos, pero que el mismo proyecto ejecutado con los mismos planos fueron desarrollados en el estado de Nayarit, con un costo menor de hasta 50 millones de pesos”.

Por su parte, en el caso de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, el legislador local subrayó que “ni su titular ni el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de la administración de Borge Angulo supieron decir dónde habían quedado 500 millones de pesos”.

Por lo que después de las comparecencias de funcionarios de la anterior administración, “quedaron en evidencia irregularidades en  VIP Saesa, empresa paraestatal que era utilizada por familiares, amigos y políticos allegados al entonces gobernador y a su partido político, el PRI”.

Se dio a conocer que la Comisión que él preside, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en el Congreso del Estado detectó 40 millones de dólares invertidos y más 300 millones de pesos para la renta de aeronaves, “pero que hasta la fecha no se sabe para qué fueron utilizadas”.

Ramos, dijo que en la sesión ordinaria del próximo jueves se presentará al pleno un punto de acuerdo para que todos los expedientes e información que se recabó en torno al caso VIP Saesa se le haga llegar al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, “para que ellos puedan iniciar los procedimientos necesarios para fincar responsabilidades”.

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