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En Coahuila, “sin justificar los fines, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizó 84 solicitudes de Acceso a Datos Conservados a empresas de telecomunicaciones, sin contar autorización judicial federal”, reveló un estudio titulado: El Estado de Vigilancia, Fuera de Control.
Según el análisis, realizado a nivel nacional por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, sustentado en más de 600 solicitudes de información pública, detalla la forma en que “diversos organismos judiciales como las procuradurías locales, el Cisen y la PGR recurren a estos mecanismos.
La información incluye números de teléfono, domicilio, referencias y datos personales entregados a compañías telefónicas, mismos que fueron entregados a la dependencia estatal luego de que se realizara una solicitud de acceso”.
Además se informó que “a nivel nacional sólo 1% de las solicitudes se realizaron con autorización judicial federal. Lo anterior implica que la mayoría de las solicitudes no fue realizada conforme a lo que establece la Constitución”, revela el estudio.
La información relacionada con los datos personales de usuarios de telefonía fue solicitada por la PGJE “durante el primer semestre de 2016 y la mayoría de ellas fue resuelta de manera positiva, por lo que se entregó la información detallada”.
El estudio El Estado de Vigilancia, Fuera de Control fue realizado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales y reveló que “la PGJE hizo alrededor de 600 solicitudes de información sin el aval judicial federal.
La Procuraduría coahuilense ha solicitado, sin justificación, datos personales de ciudadanos a empresas de telefonía”.
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