Organizaciones se manifiestan para exigir libertad de activista indígena, acusado de secuestro

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(04 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Arturo Campos Herrera, es indígena Na savi, siempre quiso ser abogado, sin embargo no lo logró por la falta de recursos económicos. Él como pocos indígenas de su generación, aprendió a hablar español fluidamente. Lo que usó como herramienta para apoyar a otros integrantes de su comunidad que enfrentaban “una insuperable barrera de discriminación por ser monolingües”, aseguran las organizaciones.

Lo que lo llevó a convertirse en defensor de derechos humanos, y realizar acciones en defensa y promoción de los derechos del pueblo Na savi, y en general de los pueblos indígenas.

Arturo fue fundaron de la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, de la cual fue Secretario del 2000 al 2003. En ese marco, “Arturo fue fundamental para comenzar la denuncia contra los abusos castrenses en la región”.

Lo que lo llevó a exigir justicia por la masacre del Charco, donde fueron asesinados indígenas de Guerrero. Para él, este era el más extremo ejemplo de los alcances que tenían la militarización y la impunidad de las violaciones a derechos humanos que el Ejército cometía en las comunidades indígenas de Ayutla.

Sin embargo producto de su defensa, el 1 de diciembre de 2013 Arturo acudió a la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo para participar en el evento cultural que marcó el inicio de la campaña “12 días por la defensa de nuestra vida y libertad”. Arturo tomó el micrófono y arengó a los asistentes a no olvidar a los detenidos. “Nos faltan a todos”, dijo.

Ese día, en el sitio se encontraban las fuerzas policiales en el acto, sin embargo no se creyó que hubiera una intervención, pero fue ahí cuando detuvieron a otro activista de la justicia comunitaria el mismo día que iniciaba una campaña por la liberación de las y los detenidos.

A Arturo lo detuvieron de manera arbitraria cuando regresaba del acto, tras haber externado la solidaridad por la que es reconocido en el estado. Hoy se encuentra acusado del delito de secuestro y otros, dentro de la causa penal 191/2013, que instruye el Juzgado 4º del Distrito Judicial de Tabares con sede en Acapulco, Guerrero.
Y aunque la acusación es similar a la que enfrentan otros de compañeros, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «Altiplano», en el Estado de México. Actualmente se encuentra detenido en el centro penitenciario de Ayutla por delitos que no cometió, resultado de los hostigamientos y ataques en contra de la CRAC-PC.

“La decisión del entonces gobierno de Ángel Aguirre Rivero de enviar a Arturo al penal de Almoloya no tiene parangón: es una medida que no se había aplicado ni siquiera contra aquellas personas a quienes la justicia guerrerense les había imputado los más graves delitos.

Para los activistas de la policía comunitaria hay prisiones federales de máxima seguridad; para quienes atentan contra estudiantes o personas defensoras de derechos humanos, las cárceles ordinarias del estado o peor, cartas blancas de impunidad” denuncian las organizaciones.

Este diciembre se cumplió un año más de encierro para Arturo, por lo que, este fin de semana a tres años de la detención y encarcelamiento del luchador social y Consejero Regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria, (CRAC-PC), Organizaciones de la sociedad civil, sociales y familiares exigieron por medio de una manifestación, nuevamente su inmediata libertad.

Además se pidió que se deje de criminalizar el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas de Guerrero, socavando y violando sus derechos reconocidos en la constitución y tratados internacionales al ejercicio de sus sistemas normativos y al autogobierno que tienen como integrantes de pueblos originarios.

Así, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense de Ayutla (MPGA) protestaron afuera del Centro de Readaptación (Cereso), en demanda de solución al caso del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso.

Fue Felícitas Martínez, esposa de Arturo, quien encabezó el movimiento junto a José Luis Salgado Leyva, del MPG. Durante el mitin, él asomó por una de las ventanas que da a la calle, con autorización de las autoridades, para saludar a su esposa y compañeros.

Y desde ahí expresó: “Nosotros debemos de seguir avanzando como policías comunitarios, que es la única esperanza para el estado, las comunidades y hasta para el país. Así que debemos de seguir para adelante”.

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