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Omisión de PGR en concluir la investigación de los 43, tiene un afán de encubrir irregularidades y sus consecuencias legales

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(20 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luego que recientes revelaciones periodísticas dieran cuenta de la existencia de un proyecto de resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) que documentó graves irregularidades que comprometerían la legalidad y la certeza de la investigación del caso Ayotzinapa, incluyendo el derecho a la verdad de las víctimas. De acuerdo con la información hecha pública por al menos cuatro medios de comunicación nacionales e internacionales “hasta ahora el proyecto de Resolución ha sido retenido y obstaculizado”, denuncian organizaciones civiles.
“De acuerdo con esta información, entre los hallazgos de la investigación interna se encuentran graves irregularidades en la detención de seis de los detenidos en cuyas declaraciones se ha basado principalmente la teoría del caso sostenida hasta hoy por la PGR.
Asimismo, la investigación determinó, entre otras cosas, la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el Río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de evidencia.
El proyecto de Resolución dado a conocer indica que estas irregularidades deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios”, aseguran.
Por lo que un grupo de organizaciones, asumen que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares, y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales.
Lo que es más grave aún: esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría de caso basada en pruebas ilícitas”, denuncian.
Además, agregan que la PGR no ha negado la existencia del referido documento y ha señalado que éste continúa siendo analizado. Hay que recordar, sin embargo, que dado que la PGR incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de este año a las familias, mismas que se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello.
“Es preciso recordar también que uno de los funcionarios señalados como responsable de las irregularidades fue separado de la PGR para inmediatamente ser nombrado en un alto cargo federal de seguridad nacional dependiente del presidente de la República.
El contenido del proyecto de Resolución que se ha hecho público, por sus alcances, es hoy un parámetro insoslayable para medir la exhaustividad de la determinación que deberá notificar a las familias de los normalistas la Visitaduría General.
Dada la gravedad de las irregularidades detectadas, representa además un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e incluso el compromiso de la actual PGR para actuar con independencia, lo que resulta crucial en el tránsito hacia la Fiscalía General de la República. Una Resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”, señalan.
Por lo que “estando a prueba la probidad de la Visitaduría General y de la propia PGR frente a la investigación interna, quienes nos pronunciamos demandamos total transparencia y respeto a los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa en la emisión de la resolución con que deberá concluir, en breve, la citada investigación interna”, advierten.
Algunas de las organizaciones de más de cien que se unen en esta exigencia, se encuentran Article 19, Oficina para México; Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); Centro Nacional De Comunicación Social (CENCOS); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) Fundem/Fuundec; Fray Juan de Larios; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
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