La no aprobación de Ley General de Víctimas, evidencia falta de voluntad política e insensibilidad: ONG’S

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(23 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, desde hace seis años, la organización ha insistido en la importancia de la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada de personas que garantice el acceso a la verdad, justicia, memoria, reparación integral y garantías de No Repetición.

Para ello han insistido que la Ley General debe cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como con las recomendaciones hechas al Estado mexicano por diversos organismos internacionales.

En ese sentido, el 3 de septiembre de 2015 entregaron al Senado de la República la Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares, misma iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados el 6 de septiembre del 2016 respaldada por 274 organizaciones de víctimas, de derechos humanos, populares, indígenas y por más de 1000 personas solidarias.

Cabe recordar que, conforme a la reforma del 2014 del artículo 73 Constitucional, ambas Cámaras debían aprobar una Ley General en materia de Desaparición Forzada a más tardar en febrero del 2016. Sin embargo, “a casi un año de haber vencido el plazo legal, sigue sin ser aprobada mostrando con ello la falta de voluntad política para legislar adecuadamente y su insensibilidad ante las miles de víctimas de esta grave violación a los derechos humanos”, denuncian.

A un año de retraso, simulación y de incumplimiento por parte de ambas Cámaras, como Campaña elaboraron una propuesta de Ley General y además realizaron diversas observaciones a la Ley General del Ejecutivo que se pretende aprobar, ya que hasta el momento y después de diversas reuniones de trabajo “a las que hemos asistido junto con otras organizaciones de derechos humanos y víctimas, a nuestro juicio, no se tiene una Iniciativa que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que garantice a todas las víctimas los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición”.

Las organizaciones afirman que “el Estado mexicano, sigue empecinado en negar la gravedad de las desapariciones forzadas en nuestro país, busca a toda costa diluir en el término genérico de personas desaparecidas o no localizadas su responsabilidad ante esta grave violación a los derechos humanos, ha intentado desviar la atención haciendo creer a las familias que lo sucedido en México solamente es un problema de ‘ciertos miembros de las fuerzas de seguridad’, que no es un problema estructural ni una política de Estado desaparecer personas”.

Además se reitera que se trata de equiparar la desaparición forzada con el delito de secuestro cuando la gravedad de la desaparición forzada radica en que la cometen agentes del Estado o particulares con su aquiescencia por lo cual no sólo es un delito sino también la más grave violación a derechos humanos.

“Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada vemos necesario hacer de conocimiento al pueblo en general y en particular a las familias de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares los puntos más graves en la redacción de la propuesta de ley General que actualmente se está discutiendo en diversos espacios, los cuales consideramos, si no se corrigen, no van a permitir que la Ley General realmente esté hecha para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada y la desaparición a manos de particulares”.

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