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Informe del gobierno demuestra que en caso de los 43 “se violó la verdad” y se dañó el derecho de las víctimas a la justicia: NYT
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“El gobierno mexicano se ha negado a difundir un estudio interno que demuestra que investigadores actuaron en contra de la ley en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, conclusión que amenaza con sacudir los fundamentos legales en un caso que ha conmocionado a México”, informó este jueves el diario The New York Times en su portal.
El medio mencionó que obtuvo una copia del reporte que denuncia que la investigación está inmersa en un “limbo” burocrático y numerosas irregularidades, como el hecho que un investigador llevó a un sospechoso a la escena del crimen sin que estuviera presente su abogado defensor.
De acuerdo al informe, “sospechosos claves fueron arrestados y trasladados de forma ilegal, lo cual invalida cualquier información que pudo haberse obtenido de ellos”.
En el documento del gobierno, consta que “se violó la verdad” y se dañó el derecho de las víctimas a la justicia. Esta es la primera evidencia que existe, según el Times, que la Procuraduría General de la República (PGR) manejó incorrectamente el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo al NYT, el estudio se completó hace cuatro meses y consta de 177 páginas que iban a ser entregadas a los familiares de los desaparecidos en una reunión con la PGR el pasado 18 de agosto.
Se menciona también que los padres de los 43 no recibieron el documento, pues “se les dijo que las autoridades judiciales superiores debían, como formalidad, aprobar el estudio. Dicha aprobación no llegó nunca y poco más tarde el visitador general a quien se encomendó la ‘aprobación’, César Alejandro Chávez Flores, renunció de manera inesperada, cuatro semanas después”.
Por su parte, Santiago Aguirre, director adjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante legal de las familias, declaró al Times que la decisión de no aprobar el reporte y entregarlo a las familias “fue un signo claro de falta de voluntad política, no sólo de la PGR sino del gobierno federal, para dar por concluida la investigación”.
Aguirre agregó que el documento “nos demostró que el visitador general trató de hacer un trabajo honesto, pero no encontró las condiciones políticas e institucionales para llevar su labor hasta las últimas consecuencias”.
Aguirre agregó que el documento “nos demostró que el visitador general trató de hacer un trabajo honesto, pero no encontró las condiciones políticas e institucionales para llevar su labor hasta las últimas consecuencias”.
En tanto, la PGR argumenta que el reporte no se difundió por motivos legales y que el mismo no se ha “reconocido” por tecnicismos que no se han especificado. La directora general de comunicación social de la institución, Natalia Briseño, señaló en un correo electrónico al Times que “el documento, como tal, es legalmente inexistente”, y agregó que la investigación continúa.
El Times afirmó que “la posibilidad que el reporte se elimine preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, por lo que su titular, James L. Cavallaro, declaró: “El documento claramente es importante; esperamos y queremos recibirlo”.
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