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En Chiapas, iniciativas para erradicar trabajo infantil promueven criminalización, estigmatización e invisibilización de niños y adolescentes

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(02 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante el 2013, el gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco Coello, elaboró el Plan Estatal para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger el Trabajo Adolescente Permitido, además se creó una Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, instaló dos Mesas Interinstitucionales para dar seguimiento a las acciones y creó el Sistema de Gestión y Atención del Trabajo Infantil (SIGAETI-CHIAPAS).
Sin embargo, no publicó ningún informe de resultados sobre dichas estrategias. Sin una clara rendición de cuentas ni presupuesto asignado en la materia, en 2015 el estado recibió el distintivo “México sin trabajo infantil” de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Las organizaciones denunciantes, dieron a conocer que el pasado 23 de noviembre, durante la segunda sesión de la Comisión Interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil, con la presencia de las titulares del Sistema DIF Chiapas, del DIF municipal de San Cristóbal de las Casas, del Secretario del Trabajo, Funcionarios Estatales y Municipales, se instaló y tomó protesta al Comité Municipal de San Cristóbal de Las Casas para la Erradicación del Trabajo Infantil, primero de los 122 ayuntamientos donde se instalará, dando inicio a lo que denominaron “Cruzada para la Erradicación del Trabajo Infantil”.
Asimismo, durante el evento el DIF Municipal presentó el proyecto “Andador Guadalupano” para erradicar el trabajo infantil, “en este sector de la ciudad, el cual motiva acciones de criminalización y limpieza social disfrazadas de políticas de atención a la infancia donde el interés empresarial y de embellecimiento urbano se coloca por encima del interés superior de las niñas, niños y adolescentes trabajadores (NNATs)”, se mencionó.
Además, se ha explicado que, “las autoridades que impulsan dicha Cruzada se proponen erradicar el trabajo infantil sin garantizar el cumplimiento universal e integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, prometiendo programas aislados de corte asistencial y medidas compensatorias con poco alcance e impacto, sin presupuesto, ni mecanismos de evaluación ante la ausencia de políticas públicas efectivas para ofrecer alternativas de supervivencia y desarrollo a los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan por el estado”.
Cabe señalar, que esto sucede en Chiapas, una entidad donde el 68% de la población no tiene ingresos suficientes para adquirir la canasta básica y el 84% de las niñas, niños y adolescentes vive en pobreza (CONEVAL, 2016), “donde además se prevé un recorte de más de 5 mil millones de pesos en materia de salud, educación, cultura e infraestructura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
Hablar de erradicar el trabajo infantil sin un diagnóstico que permita atender las causas que generan las condiciones de explotación estructural para adultos y niñas, niños y adolescentes, denota un profundo desconocimiento de la realidad de la infancia trabajadora y sus familias”, explica la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas.
Que también señala que dichas decisiones no consideran la participación real, activa, directa y continua de las niñas, niños y adolescentes, quienes ante las autoridades responsables del cumplimiento de sus Derechos han planteado el desafío de acceder a condiciones de empleo dignas, sin riesgo y que les permitan ejercer su derecho a la educación, ni toman en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes trabajadores de San Cristóbal de las Casas quienes públicamente demandaron “trabajos adecuados para niñas, niños y adolescentes que decidimos trabajar para pagar nuestros estudios mientras no haya educación gratuita”.
“No nos juzguen por trabajar (…) mejor que se comprometan a venir a preguntarnos por qué trabajamos y qué necesitamos para que mejore la situación de nuestras familias”, afirmaron el pasado primero de Mayo.
En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil que integran la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) reiteran su compromiso para contribuir a la garantía y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y llamaron a las autoridades estatales y municipales a:
Desarrollar todas las acciones públicas dirigidas al cumplimiento y protección de derechos niñas, niños y adolescentes trabajadores en el marco del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SEPINNA) tal como lo establecen la Ley General y la Ley Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Lo que significa que las acciones a nivel estatal y municipal que se deriven de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente y el SIGAETI deberán responder al Programa Estatal y los Programas municipales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además de incluir la participación real, activa, directa y continua de las niñas y niños trabajadores en la toma de decisiones respecto al diseño, implementación y evaluación de políticas de protección a sus derechos, garantizando mecanismos de participación amplios, transparentes e incluyentes.

En tanto, piden a la sociedad en general y a los empresarios rechazar el proyecto andador Guadalupano por ser violatoria de los derechos de la infancia.
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