Campesinos clausuran oficinas de PROFEPA, por permitir contaminación de empresas industriales y mineras

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Al rededor de mil activistas, procedentes del Estado de México, Puebla e Hidalgo, realizaron la clausura simbólica de las oficinas de la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) “en protesta porque esa dependencia, permite que empresas industriales y mineras contaminen comunidades indígenas y campesinas en todo Hidalgo”, aseguraron.

La manifestación dio inicio con una marcha por el centro histórico de Pachuca y un plantón fuera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (Cdheh), donde se solicitó la intervención para frenar la contaminación.

Los manifestantes pidieron hablar con Marío Viornery, delegado de la Profepa, sin embargo, fueron dos empleadas, identificadas como Lucero López –asistente del despacho del funcionario– y Paula Rubio –del área técnica–, quienes recibieron las solicitudes de clausura.

En tanto, Francisco Hernández Domiguez, del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata, aseguró que “en meses recientes ha habido daños en bosques de los municipios de Atlapexco, Huejutla y Huautla, en la Huasteca hidalguense, así como en Chicontepec, Veracruz, por el proyecto gasero Paleocanal de Chicontepec. Además de ‘despojar’ de sus tierras a los campesinos e indígenas, afectan manantiales y cultivos”, agregó.

Además, Abraham Mendoza Zenteno, presidente del partido Morena en Hidalgo, advirtió que “en el país existe hartazgo de la población por los privilegios de que gozan los dueños de minas y empresas industriales, quienes con la promesa de aportar unos cuantos empleos con sueldos miserables tienen permiso para contaminar y destruir el entorno de manera impune.

Lo peor de todo es que la contaminación va aunada al saqueo de recursos naturales, sin que los pobladores de las localidades afectadas obtengan algún tipo de beneficio”.

Dentro de las organizaciones participantes se encuentran Comunidades Unidas de Zimapan, que se opone a una presa de jales de la minera El Espíritu; el Movimiento Ciudadano de Epazoyucan, que exige impedir que Minera del Norte, de Grupo Peñoles, traslade más de 90 millones de toneladas de desechos mineros a un predio localizado en una zona boscosa, y Movimiento Ciudadano de Tizayuca, que se opone a una incineradora de basura de la empresa Valorsum en el poblado de Tepojaco.

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