Osorio Chong, Cervantes y Ruiz Massieu, se reunirán con integrantes de investigación del caso Ayotzinapa

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Para continuar con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes desparecidos en Iguala, en las reuniones de “alto nivel” que tendrán los integrantes del mecanismo especial de seguimiento se tienen previstos, el próximo jueves 10 de noviembre, encuentros con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu.
Ahí mismo también estará el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
Se ha dado a conocer que durante su estancia de cuatro días en el país, prevista del 9 al 12 de noviembre, la misión enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará el día 11 en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
Será ahí donde presentes su plan de trabajo a los padres de los estudiantes desaparecidos y a las organizaciones y centros de derechos humanos que los representan; también se darán a la tarea de explicar detalles sobre el equipo técnico que colaborará en la recopilación de información e investigación, así como de los especialistas.
Cabe mencionar, el mecanismo, que es coordinado por el relator de la CIDH para México, Enrique Gil Botero, también contará, en esta primera visita, con el presidente y el secretario ejecutivo del organismo regional, James Cavallaro y Paulo Abrão, respectivamente.
El mecanismo especial de seguimiento iniciará formalmente sus trabajos después de más de seis meses de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su segundo y último informe sobre las investigaciones del caso Iguala, en el cual señalaron que “hubo autoridades que obstruyeron las pesquisas y fueron omisas en investigaciones claves del caso; que no hay evidencias de que los estudiantes desaparecidos fueran incinerados en el basurero de Cocula y que en el ataque a los normalistas hubo ‘perfecta coordinación’ entre policías y presuntos narcotraficantes”.
La financiación del mecanismo, que tendrá una vigencia de 12 meses, trascendió que en una primera etapa utilizará 300 mil dólares, remanente que dejó el GIEI tras su mandato, mismo que no fue ratificado por el gobierno mexicano.
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