Ofrece Anaya a Cienfuegos, “dar un marco jurídico a las fuerzas armadas para mantener a militares en las calles”

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Después que el PRI presentara iniciativa donde se le otorga mayor libertad al ejército para usar la fuerza en operativos, además de otras atribuciones, el PAN en la Cámara de Diputados llamó a “aprobar con urgencia la iniciativa de ley de seguridad interna en el actual periodo de sesiones”, además se mencionó que su dirigente, Ricardo Anaya Cortés, “ofreció personalmente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, dar un marco jurídico a las fuerzas armadas para mantener a los militares en las calles”.
Por su parte, diputados de la Comisión de Defensa informaron que “en el encuentro de la semana pasada con Cienfuegos Zepeda, el general explicó que en la redacción de la iniciativa del PRI participó el Ejército, aunque resaltó que se insiste en mantener a los militares en tareas de seguridad pública cuando su preparación ‘no es para ser policías’”.
Cienfuegos mencionó que “los militares no quieren continuar en operativos en las calles o en destrucción de plantíos, porque no es su responsabilidad”.
Durante el mensaje que la Sedena presentó a los diputados se mencionó que “los soldados que participan en operativos contra la delincuencia se enfrentan a la disyuntiva de ser juzgados por la justicia civil y militar si no acatan la orden de un mando y al cumplirla cometen una violación a los derechos humanos”.
En tanto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara, Javier Bolaños (PAN), afirmó que “aprobarla debe ser considerada prioridad. Es necesario, generar certeza jurídica a las fuerzas armadas, que han dado servicio incalculable e invaluable en el combate a la delincuencia y las amenazas que hemos sufrido los mexicanos, y que la Cámara lo discuta incluso en un periodo extraordinario”.
Contrario a esto, el diputado Cuitláhuac García por Morena, afirmó que “la intención de la iniciativa es cumplir con la exigencia del Ejército y la Marina para que (los militares) no sean señalados por violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en Tlatlaya”.
Además señaló que “la Constitución define a las policías y al Ministerio Público como responsables de las tareas de seguridad pública e investigación. Y los mecanismos de investigación del Ejército se enfocan en casos de invasión, no están hechos para indagar a los ciudadanos, que no deben ser tratados como una fuerza armada o como enemigos de la nación”.
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