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“La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es muestra de las carencias y retos en el sistema de seguridad y procuración de justicia en México”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián, a poco que México sea sometido a un nuevo escrutinio internacional en la materia.
Dicha declaración coincide con la visión del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien en su visita de octubre de 2015 –y el informe emitido un año después– advirtió que “el caso Iguala, es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones humanos que está teniendo lugar a lo largo de México”.
Campa agregó que, “el alto comisionado de las Naciones Unidas planteó de manera muy inteligente y precisa la vinculación de Ayotzinapa con la inseguridad que se vive en el país. O sea, no dijo que todo México es Ayotzinapa, pero de manera muy precisa y ponderada expresó que el caso agrupa todos esos faltantes en el sistema de seguridad y procuración de justicia”.
Cabe señalar que el gobierno federal recién entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe del caso en el cual asegura que “ha atendido todos los indicios para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014”, ahí mismo destaca la detención de 131 probables responsables de los hechos.
“Hay plena disposición del Estado mexicano en cumplir con todas las obligaciones que marca el derecho internacional. La investigación ha merecido una atención importantísima y ello se refleja en el dato de que hay 131 personas sujetas a proceso.
El compromiso está claro con la detención más reciente (del ex jefe policial de Iguala), quien estuvo prófugo dos años; sin embargo, el gobierno federal no le perdió la pista”, declaró Campa a unos días de la llegada del presidente de la CIDH y del comisionado del organismo para México, James Cavallaro y Enrique Gil Botero, respectivamente.
A la llegada de los comisionados, se dará inicio al mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares emitidas por la CIDH, en atención a este episodio ocurrido hace 25 meses en Iguala.
Quienes supervisarán las acciones del Estado mexicano en cuatro áreas. En principio, atención a los normalistas lesionados en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando policías municipales levantaron a los jóvenes para entregarlos a un grupo criminal.
Uno de ellos, Aldo, se encuentra desde entonces en coma. Ahora está internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación y se analiza –según decida su familia– continuar su atención en Guerrero. Lo anterior, luego que un grupo de médicos cubanos revisaron la situación y concluyeron que el joven ha recibido la atención adecuada.
En segundo lugar, se encuentran las medidas cautelares dictadas desde 2014 por la CIDH, que se refiere a la búsqueda de los normalistas (la PGR utiliza actualmente tecnología para ubicar cavidades en tierra), y la tercera tiene que ver con la investigación de los hechos; ambos aspectos están en manos del Ministerio Público y policías federales.
Como cuarto punto, se toca la atención a afectados directos e indirectos de los hechos, a cargo de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Sobre el tema, Campa aseveró que la atención a la investigación, y en general al mecanismo de seguimiento es prioridad. ‘‘No hay una sola información o indicio que no se atienda para dar con el paradero de todos los normalistas’’.
Además, señaló, “el caso Ayotzinapa, es tema en todos los encuentros diplomáticos de nuestro país. Ningún caso en la historia de México ha tenido un escrutinio internacional de la magnitud de Ayotzinapa, y probablemente en la historia mundial hay pocos asuntos criminales con tanta vigilancia internacional. Es un tema siempre presente”, dijo.
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