A siete años de la desaparición forzada de 7 policías federales y un civil en Michoacán, les niegan justicia a los familiares de las víctimas

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(18 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO). – No es justo, no es ético derramar tanta sangre, sembrar tanta desolación a lo largo y ancho de todo el país. Araceli Rodríguez Nava, Madre de Luis Ángel.
De acuerdo a la información proporcionada por Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), el 16 de noviembre de 2009, Luis Ángel León Rodríguez, policía federal, junto con 6 compañeros policías y un civil salieron de la Ciudad de México rumbo a Michoacán para cumplir con su comisión en Ciudad Hidalgo.
A los 7 policías les pidieron llevar sus armas, cargadores y cartuchos, pero les negaron transporte y seguridad para su traslado. Por ello, contrataron los servicios de un particular para transportarlos y cumplir a tiempo con la comisión, sin embargo, nunca llegaron a su destino. Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo, quien debía recibirlos, jamás notificó que los policías no llegaron.
“Su desaparición sucedió en un contexto de extrema violencia de parte de distintos grupos del crimen organizado y la Policía Federal en Michoacán, por lo que haberlos hecho trasladar sin seguridad alguna puso en absoluto riesgo su vida”, señala la CMDPDH.
Por su parte Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel, ha denunciado que su hijo no se encuentra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas e incluso le fincaron cargos por abandono de trabajo y lo citaron a comparecer ante el Órgano de Control de la Policía Federal por abandono laboral y no haber presentado su declaración patrimonial en 2010.
Cabe señalar que la Policía Federal no ha reconocido que tenía la obligación de garantizar la seguridad de Luis Ángel y sus compañeros en el traslado para el cumplimiento sus funciones. En tanto, el municipio de Miguel Hidalgo en Michoacán ha negado haber solicitado ayuda de Policía Federal, aun cuando existen los oficios de comisión y los acuerdos de cabildo donde se establece que en algunos municipios las fuerzas federales cumplirían las funciones de Secretaria de Seguridad Pública estatal.
Con el acompañamiento de la CMDPDH, familiares de los siete policías federales y el civil, conmemoraron un año más de impunidad frente a la PGR, por medio de un acto de protesta afuera de la dependencia, donde nuevamente exigieron justicia y esclarecimiento de los hechos.
Ahí mismo también denunciaron que tanto la PGR como la policía federal “están provocando que prescriban delitos y responsabilidades administrativas a fin de que no se sancione a servidores públicos que incurrieron al menos en omisión y negligencia”.
Araceli Reyes, quien también funge como vocera de los familiares de las víctimas, dio a conocer que aun cuando se llevó a cabo la detención de 34 relacionadas con los hechos, “a siete años lo que tenemos son expedientes abiertos en PGR – SEIDO con la averiguación previa 180 – 2010, expediente abierto en asuntos internos con el número 340 – 2010, en el órgano interno de control con el número de expediente de inicio Q054 /2010, sin embargo no se sabe nada sobre el paradero de los agentes policiales”.
En el acto, exigieron al titular de la PGR, Raúl Cervantes, que tome “el balón, hágalo rodar” y “atienda este caso finalmente pues después de varios procuradores en realidad no se han registrado avances”.
“Estoy decepcionada de la administración anterior (la de Arely Gómez), porque nos dejó desamparadas a las víctimas y quiero que el procurador Cervantes nos reciba, tenemos el acta 058 / 2015 y la cual no se ha movido porque los delitos ya prescribieron y pasará a la Fiscalía de Desaparecidos de PGR, quiero decirle que es urgente que investiguen”, agregó Reyes.
Por parte de la CMDPDH, participó Nancy López, directora del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Araceli Salcedo, del colectivo Córdova – Orizaba del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Octavio Amezcua en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los actores y activistas Daniel Jiménez Cacho y Baltimore Beltrán, así como el caricaturista Antonio Helguera.
Aun cuando en el sexenio de Felipe Calderón, durante los diálogos promovidos por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se comprometió a revisar “personalmente el caso”, esto nunca sucedió y durante la actual administración el caso ha seguido estancado, sin que hasta ahora las familias vean un camino hacia la justicia.
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