Sin Consejo Asesor, propuesto por Alto Comisionado, “imposible romper estructuras que perpetúan la impunidad en México”

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(25 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este año, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y el licenciado Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), presentaron el reporte sobre la Impunidad en México, donde se dio a conocer que la impunidad “muy alta” se encuentra en 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.

Uno de los resultados destacados del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) es que, la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Lo que significa que “menos del 1% de los delitos en México son castigados”.

Siendo, a decir por distintas organizaciones, la impunidad una de las principales bases para la repetición de hechos que incluyen violaciones a derechos humanos, en 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, reafirmó en su primera recomendación al gobierno de México este hecho, en 2015.

Recomendando que, en el país debería establecerse “un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país.

El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos”. La respuesta del gobierno, fue que “podría atenderse mediante el establecimiento de un organismo nacional de derechos humanos, que cuente con un grupo asesor de personalidades en la materia”.

Pero también aseguró que el país “ya contaba” con instituciones autónomas que promueven y defienden los derechos humanos, y se abocan al combate a la impunidad, “en particular la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información”.

Es decir, “todos elefantes blancos, todos órganos manipulados por el gobierno, a los que se les puede manejar de manera fácil, cuántas víctimas o familiares de víctimas han tardado años para conseguir justicia por parte de la CNDH y lo han logrado gracias al acompañamiento de otra ONG.

Puede pasar años para que la CNDH emita recomendaciones y solamente son eso, no vigila menos presiona para que se cumplan y eso es tan solo un ejemplo, de como los supuestos organismos ‘independientes’, son una extensión encubierta del gobierno”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Tania Solís.

En tanto, el grupo de organizaciones que dan la bienvenida a estas recomendaciones incluye a: Open Society Justice Initiative; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.; I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.; La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C. y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.

Quienes han afirmado que “la creación del Consejo Asesor debe incluir expertos internacionales para asegurar su credibilidad e independencia, y representaría un paso crucial hacia el establecimiento de una entidad de investigación internacional, con sede en México, habilitada para investigar y perseguir, de manera independiente, crímenes atroces y graves casos de corrupción”.

Además de ello, se asegura que, en su respuesta inicial a las recomendaciones de la OACNUDH, el gobierno mexicano calificó el Consejo Asesor propuesto de “organismo nacional de derechos humanos”, lo cual es distinto a la recomendación del Alto Comisionado y claramente inadecuado “para enfrentar la violencia y la injusticia rampantes en México”, se afirma.

Por su parte, Solís reitera que parece, “incluso hasta cínica la respuesta del gobierno al hablar de instituciones ya existentes, para combatir la impunidad, cuando en el más reciente informe de Justice Initiative, por medio de datos, testimonios y hechos, se evidencian las múltiples deficiencias de las instituciones existentes, las que se dice creadas para dar justicia, ante violaciones de derechos humanos”.

En el informe, el cual ha dado a conocer Revolución TRESPUNTOCERO, Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México, se exhibe la incapacidad de dichos órganos para realizar procesos de investigación y persecución eficaces. Y señalan que dichos fracasos fueron ejemplificados en la investigación fallida de la desaparición de los 43 estudiantes en el Estado de Guerrero en septiembre de 2014.

Por su parte, Robert Varenik, Director Ejecutivo en funciones de Open Society Justice Initiative, afirmó que “la experiencia pasada en México y en otras partes de la región nos ha mostrado que el establecimiento de mecanismos internacionales con sede en el país para la investigación y persecución de crímenes atroces y de corrupción puede proporcionar la autoridad política y la independencia necesarias para lograr cambios reales. Sin este elemento, puede ser difícil o hasta imposible romper las estructuras de poder que perpetúan la impunidad.”

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