Celebran que gobierno de AMLO garantice que quienes sean encontrados culpables de robo de hidrocarburos no tengan herramientas para ampararse

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 Por: Redacción Revolución

Por Ricardo García

(18 de enero, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Como parte estratégica del Plan de combate al robo de combustibles, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó este jueves, los avances y objetivos que el Comité de Inteligencia Interinstitucional, ha logrado desde su implementación.

Durante una conferencia de prensa, ofrecida en Palacio Nacional, en atención a las indicaciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario celebró que, hasta el día de hoy se han realizado aseguramientos de cuatro millones 321 mil 88 litros de hidrocarburo; 465 mil 121 litros de gas licuado de petróleo; 955 vehículos; 32 pipas, 41 remolques, 66 cisternas o tanques

Cuatro mil 749 bidones, 29 inmuebles y 11 armas de fuego de distintos calibres y ha sido devuelta a Pemex la cantidad de dos millones 605 mil 136 litros de hidrocarburo.

Por otro lado, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, puntualizó que ya existen cinco denuncias ante el Ministerio Público federal que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas se encuentran bloqueadas, vinculadas al comercio de combustible.

También, en un hecho que podría catalogarse de esquizofrénico, anunció que trece empresas han sido bloqueadas por operaciones irregulares,

“Son empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible. Siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación. Sus cuentas se encuentran ya bloqueadas”, señaló.

De acuerdo con sus declaraciones, en esta primera etapa, y con la información existente, están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles.

Por su parte, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (PGR), representada por Roberto Ochoa Romero, mencionó que el Ministerio Público de la Federación, ha iniciado mil 831 carpetas de investigación, de las cuales 266 han sido con persona detenida y mil 565 sin persona detenida. Esto hace un total de 435 personas detenidas en el periodo del 1º de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2019

Se han judicializado 97 de dichas carpetas de investigación, dijo, y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial 165 personas; 124 de ellas están vinculadas a proceso y 45 cumplen medida cautelar de prisión preventiva.

Esto representa un logro innegable de la estrategia aplicada por parte del Gobierno de México, que, haciendo uso de todos los instrumentos, combate la problemática en torno a Pemex, que el país lleva arrastrando por más de doce años.

Cabe señalar que, el Comité de Inteligencia Interinstitucional tiene como propósito solventar las necesidades de inteligencia para prevenir robos de combustible o sabotajes a las instalaciones de Pemex; dar seguimiento y auxiliar al Ministerio Público federal con información táctica en las detenciones que se realicen en flagrancia, a efecto de coadyuvar en la judicialización de detenidos, aseguramiento de inmuebles, vehículos o instrumentos del delito.

Identificar el modus operandi de todos los eventos de robo de combustible en el país, vía mecanismos de inteligencia transversales, aprovechando todas las capacidades institucionales instaladas; así como el número de investigaciones en curso, a efecto de establecer las redes de vínculos que permitan la identificación de los líderes de las organizaciones delictivas, sus operadores regionales, testaferros, bienes y recursos; así como de quienes les brindan protección desde su calidad de servidores públicos.

Determinar los objetivos a consignar con pedimento de orden de aprehensión; cuentas bancarias que deban ser intervenidas; bienes inmuebles que deban ser cateados y asegurados; las estaciones de servicio que deban ser inspeccionadas. Asimismo, identificar a los líderes regionales que se encuentran relacionados con la comisión del delito de robo de hidrocarburos.

Y, dar seguimiento procesal a las consignaciones y establecer un programa de cumplimiento de órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el robo de combustible.

Para su operatividad, dicho Comité está integrado por una persona  de las siguientes dependencias federales: Secretaría de Marina (Semar); Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena);             Procuraduría General de la República (PGR); Unidad de Investigación de Robo de Combustible de Seido; División de Inteligencia, Policía Federal; División de Investigaciones, Policía Federal; Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Pemex Logística y Pemex Seguridad.

Para Revolución TRESPUNTOCERO, Omar Salgado, maestro en Derecho Procesal por la Universidad del Golfo de México, comentó:

“Para todo aquel que tuviera dudas sobre los efectos positivos que se originarían a partir del combate contra el robo de combustible, aquí está la muestra clara del avance que se ha tenido.

“Con un respeto apegado al debido proceso, el gobierno está presentando datos muy concretos sobre el avance.

“No es como en sexenios anteriores que se hacían presentaciones públicas de presuntos delincuentes con la intención de legitimar acciones o ser sensacionalistas, ahora se hace con la única intención de informar a los mexicanos.

“No podemos olvidar, cuantos presuntos narcotraficantes fueron presentados con anterioridad, para pretender que se estaban logrando avanzar en el abatimiento a la delincuencia”.

Muchos delincuentes fueron liberados, refirió, debido al incumplimiento gubernamental en materia de derecho penal, puesto que, a sabiendas de la ilegalidad que radica en exhibir a alguien con un proceso iniciado, se violaba la presunción de inocencia de muchos.

Explicó que el debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito.

“Las autoridades, incluyendo el ministerio público, deben actuar con imparcialidad y sin injerencias. Esto quiere decir que la autoridad debe conducirse de acuerdo a lo que establecen las leyes y cumplir sus funciones de forma objetiva, prohibiendo cualquier acto de intimidación, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados; sin prejuicios, respetando y protegiendo la dignidad humana y defendiendo los derechos humanos de las personas acusadas.

“El gobierno, las leyes, los jueces y la sociedad en general deben hacer todo lo posible para que los ministerios públicos actúen sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados”, expuso.

Aclaró que todo ciudadano que enfrente un proceso penal deberá tener, derecho a un juez imparcial; legalidad de la sentencia judicial; derecho a asistencia letrada; derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete, apego puntual a los derechos humanos y respeto a la presunción de inocencia.

“Tiene mucho sentido, la información proporcionada, puesto que no viola ninguna de las garantías de los presuntos delincuentes, se informó imparcialmente y con estricto apego a la legalidad.

“Es de admirarse que, a pesar de las presiones, tanto mediáticas como civiles para conocer el nombre de las personas que se encuentran en investigación, el gobierno no viola la presunción de inocencia y aun así presenta datos concretos de los avances de la investigación”, puntualizó.

Concluyó diciendo que si el gobierno continúa tomando estas decisiones se podrá garantizar que, quienes sean encontrados culpables, no tengan las herramientas jurídicas para ampararse en contra de los resolutivos, pero, en ese sentido, únicamente se podrá conocer el nombre de los sujetos hasta que concluya el proceso.

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