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ONG’S denuncian problemas que ponen en riesgo la adecuada implementación de la nueva Ley para búsqueda de desaparecidos
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En su primera recomendación a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda expresa su preocupación por los problemas estructurales que ponen en riesgo la adecuada implementación de la nueva Ley General en la materia.
En el documento 01/18, entregado el 11 de julio del presente año, identifica obstáculos de recursos materiales para poner en marcha las tareas básicas de búsqueda e investigación, ya que en muchas entidades federativas las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas no han sido conformadas; y en el nivel federal no se cuenta con el personal y recursos mínimos para responder operativamente a los reportes y denuncias de personas desaparecidas.
Asimismo, señala graves omisiones y deficiencias técnicas en el desarrollo de nuevos instrumentos de política pública como el Protocolo Homologado de Investigación, cuya elaboración está a cargo de PGR. Este instrumento es fundamental para unificar la actuación de los servidores públicos responsables de la investigación, pero repite vicios previos como la espera injustificada para realizar acciones de investigación urgente para localizar con vida de las personas desaparecidas.
Con suma preocupación, el Consejo Nacional Ciudadano resalta que en la implementación de la Ley General se ha reproducido la falta de coordinación entre autoridades federales y estatales, así como la falta de mecanismos que garanticen la consulta y participación de las familias, con el fin de que sus opiniones y observaciones sean incorporadas en la elaboración de documentos básicos como los Protocolos Homologados, tal como lo señala la Ley General.
Para corregir estas deficiencias, el Consejo solicita a las autoridades involucradas en el Sistema Nacional de Búsqueda que implemente diversas recomendaciones, entre las que destacan la utilización estratégica de los recursos; la atención a sus observaciones técnicas sobre le Protocolo Homologado de Investigación; establecer mecanismos de coordinación permanentes entre autoridades federales y de las entidades federativas, y la planeación de procesos de consulta y participación de las familias con las condiciones adecuadas de tiempo y metodología.
Finalmente, ante el contexto de violencia generalizada en el país y de ataques en contra de las familias que buscan a sus seres queridos, e incluso ataques en contra de la propia autoridad, como el ocurrido ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas en contra del personal de la Fiscalía de Personas no Localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Consejo enfatiza la urgente necesidad de garantizar no sólo la capacitación y recursos para el personal encargado de esta importante tarea, sino también que tanto víctimas como personal ministerial cuenten con las medidas de seguridad necesarias para desarrollar sus actividades e impulsar la búsqueda de personas.
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