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Militares detuvieron a tres hombres quienes fueron víctimas de descargas eléctricas en la espalda, en la cabeza, los genitales y en los pies
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(07 de julio, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos han llevado ante la justicia internacional, información que demuestra la existencia de una política nacional por medio de la cual la población civil fue atacada de forma sistemática, basada principalmente en el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública para hacer frente al crimen organizado, desde diciembre de 2006 por decisión de Felipe Calderón Hinojosa.
A dicha política se le conoce comúnmente como la “guerra contra el narcotráfico” o “guerra contra las drogas”. Los ataques sistemáticos contra la población civil se justificaron con un llamado directo del “combate frontal al narcotráfico”.
Estos ataques se tradujeron en la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad. Hasta la fecha sus más altos responsables, aquellos que la promovieron, alentaron y cooperaron en su implementación, no han sido investigados, procesados, o sancionados por el sistema de justicia civil mexicano.
“Por el contrario, funcionarios públicos desde entonces constantemente niegan, minimizan o directamente ignoran la existencia de crímenes cometidos contra la población civil por las fuerzas armadas mexicanas (en adelante “FAM”), misma que ha prolongado sus efectos de violencia en la actual administración”, señalan las organizaciones en un informe revisado por Revolución TRESPUNTOCERO.
Tal es el caso de un grupo de elementos del Ejército Mexicano adscritos al Batallón de infantería 33, que en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, ingresaron al domicilio de tres víctimas hombres, en el municipio de Juárez, Chihuahua, fueron detenidos; posteriormente, los trasladaron a instalaciones militares, donde se les sometió a sufrimientos graves a fin de que confesaran su participación en diversos ilícitos.
Una de las víctimas recibió descargas eléctricas en la espalda, en la cabeza y en los pies; mientras que la segunda víctima las recibió en genitales y pantorrillas, entre otras acciones denigrantes, documentaron organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Asimismo, los tres fueron objeto de amenazas a su integridad física, humillaciones e intimidación, al haber sido sometidos a violencia verbal, atemorizados con armas de fuego y amenazados con hacerles daño a sus seres queridos.
A una tercera víctima le interrogaron con los ojos cubiertos, siendo objeto de amenazas a su integridad física y a la de sus seres queridos. Las lesiones y hallazgos de huellas de tortura y golpes fueron minimizados por el personal médico del 20/o regimiento de Caballería Motorizado y fueron puestos a disposición de la representación social de la Federación hasta el día siguiente.
En tanto, en otro caso, aproximadamente a las 11:00 horas se introdujeron al domicilio de una víctima elementos del Ejército Mexicano, quienes le cuestionaron sobre la ubicación de marihuana, durante la revisión encontraron un rifle.
Por esta razón fue detenido y llevado a la guarnición militar en la Plaza de Ciudad Juárez dónde lo amenazaron diciéndole que confesara o lo llevarían al “colchón de la muerte”; que al llegar a las instalaciones militares lo interrogaron, al tiempo que lo pateaban y golpeaban con el puño cerrado en las costillas; lo desnudaron y lo acostaron en un colchón y lo envolvieron, lo mojaron y le empezaron a dar toques en diversas partes del cuerpo; tiempo después le dieron de comer y un suero, hicieron que se lavara y al día siguiente, lo presentaron en las instalaciones de la PGR.
La estrategia militarizada empleada por Felipe Calderón, generó una espiral de violencia generalizada que rebasa cualquier cifra registrada en la historia contemporánea de México. Sin embargo, la forma y la magnitud con la que esta violencia se manifestó en el territorio del país, desde el inicio de dicha estrategia, no ha sido de forma homogénea; por el contrario, ésta se ha focalizado y manifestado en aquellos estados o zonas donde se implementaron los llamados “operativos conjuntos”, que implicaron la participación de las FAM -el ejército y la marina-, en tareas propias de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o municipales, señalan las organizaciones.
También han presentado información a la Oficina de la Fiscalía de la CPI, sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en períodos concretos, y en zonas determinadas del territorio nacional, donde dichos operativos conjuntos tuvieron lugar. Tal es el caso de la comunicación enviada en septiembre de 2014 sobre la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en el estado, también fronterizo, de Baja California entre 2006 y 2012.
De la misma forma se presentó en 2017 una comunicación sobre los asesinatos, torturas y desaparecidos cometidos por fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada en el Estado de Coahuila entre 2009 y 2016.
“La política incluyó la imposición de consecuencias funestas a cualquiera que fuera señalado como miembro de los grupos del crimen organizado presentes en Chihuahua durante el tiempo que duró OCCH, o a quien se le atribuía su apoyo a estos grupos”.
Señalan que, “esta política fue implementada bajo la presión de demostrar “los efectos” de la estrategia de oficial de seguridad en manos de los militares lo que generó la comisión de ataques contra la población civil”.
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