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Defensora del agua, de 61 años, es condenada a 50 años de prisión; “el caso estado plagado de inconsistencias y contradicciones, común en casos de prisión política”: CDHZL

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Alfredo Acosta
La coordinación de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) visitó este 4 de julio a la defensora Dominga González Martínez, quien desde hace 11 años está recluida en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, acusada de homicidio y privación de la libertad.

“Pido que me ayuden a salir de aquí. Es una injusticia lo que nos están haciendo. Yo defendía el agua de mi pueblo. Sin agua no hay vida”. La mujer de 61 años reconoce su tristeza, pero señala que no ha perdido la esperanza de quedar en libertad y reunirse con su familia.

Vestida de azul como otras presas de Santiaguito, Dominga, defensora del derecho al agua de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, espera la resolución de un recurso de apelación interpuesto en junio pasado por su defensa legal, a cargo del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). Hasta ahora, la delgada mujer se ha negado a usar el uniforme caqui que identifica a las sentenciadas porque, sostiene, ella no mató a nadie.

De acuerdo con los abogados de Dominga, el recurso de apelación en curso podría tardar hasta un año y medio en resolverse. Destacan que éste se dirime en el Juzgado Primero “donde por excelencia se resuelven los asuntos de índole política”; aquí, por ejemplo, se juzgó a los pobladores de Atenco y a los ejidatarios y comuneros del municipio de Salazar, quienes habrían denunciado el despojo de sus tierras.

Dominga, indígena nahua, fue sentenciada a 50 años de prisión en 2017, pero ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito en 2007. “Aquí tengo 11 años. Después de 10 años me dan la sentencia de 50, por qué se esperaron tanto tiempo”, cuestiona desde el patio de visitas del penal.

El caso de Dominga ha estado plagado de inconsistencias y contradicciones, como es común en los casos de prisión política en México, de acuerdo con el CDHZL, quien desde hace tres años da acompañamiento legal, no existen las pruebas ni elementos consistentes para sentenciar a la defensora del derecho humano al agua, y menos aún, con una pena de 50 años.

Quienes integran esta organización detallan que el Juez Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, determinó la pena máxima para Dominga, a partir de tres “argumentos”: por alegar ser defensora de derechos humanos, por no considerarla indígena y por defender los usos y costumbres.

Según la causa penal 32/2013, a Dominga y a otros cinco habitantes de San Pedro Tlanixco se les acusa de presuntamente haber participado en la muerte del empresario Alejandro Issak Basso, ocurrida el 1 de abril del 2003 tras una pugna entre pobladores, empresarios floricultores y autoridades por la concesión del agua que nace del río Texcaltenco.

Originaria de San Pedro Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, a Dominga la arrestaron la noche del 9 de julio del año 2007, cuando se encontraba dormida; dos días después se dictó auto de formal prisión en su contra. Para su detención se usaron 30 patrullas ministeriales con alrededor de 5 policías cada una. Fue agredida verbalmente, amenazada e intimida por elementos de la policía ministerial de la entonces llamada Procuraduría General de la República del Estado de México. “Te vamos a violar si no nos dices dónde están los otros”, amagaban los uniformados, palabras que Dominga no logra olvidar. “Es como si me lo estuvieran apenas diciendo”, dice; la humedad impregna su mirada.

Dominga, madre de cuatro hijos, vive en el dormitorio número cinco del penal de Santiaguito junto con otras 35 internas. Su manutención la obtiene del trabajo que realiza al interior del reclusorio; cocina, asea, borda y teje. “Lo que más extraño es a la familia. Aquí una viene a perder todo. Sentí que me cortaron la alas, ya no trabajo como antes, no hay libertad para andar en todos lados”.

“Las 225 defensoras y periodistas agrupadas en la RNDDHM nos solidarizamos con Dominga, presa política por defender un recurso tan vital como es el agua. Por ello, demandamos al Estado mexicano la inmediata liberación de esta defensora, tras 11 años de prisión política.

Exigimos, igualmente, libertad y justicia para los otros cinco defensores del derecho humano al agua sentenciados a 50 años de prisión bajo la causa penal 32/2013. Ellos son: Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles”, informaron.

La Red civil demanda al poder judicial del Edomex, vía el Juzgado Primero, que resuelva favorablemente y sin demora el recurso de apelación interpuesto en junio pasado y, en tanto, dicte sentencia absolutoria para Dominga y los presos políticos de San Pedro Tlanixco.

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