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“En el momento en que Trump -truena los dedos- y pide que se le cuide el patio trasero ahí sí se apresuran a hacerlo”; EPN y Velasco incrementan elementos de Gendarmería en Frontera Sur, luego de la exigencia de EU


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(21 de abril, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 10 de abril el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, junto con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunciaron públicamente el reforzamiento de las estrategias de seguridad en la Frontera Sur de México; mediante el envío de más elementos de las fuerzas del Estado a través de la Gendarmería Nacional. 
“Esto luego de la exigencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno federal de frenar el flujo de migrantes en México como condición para promover un acuerdo de renegociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, denunciaron un nutrido grupo de organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos. 
Quienes rechazaron el envío de más agentes armados a la frontera sur ya que, “-como se ha documentado ampliamente- el aumento de las fuerzas del Estado no garantiza la seguridad y además afecta los derechos de la población migrante y local”.
“Para los activistas, para la sociedad en general, aquel mensaje de Peña Nieto supuestamente defendiendo a los mexicanos no significa nada, además no podríamos haberlo escuchado si estuviera a mitad de su gobierno y con Trump como presidente de Estados Unidos, el servilismo ante todo, ahora se suelta un poco la boca porque ya se va pero aún así, no por eso deja de obedecerle.  
Hemos visto el aumento de gendarmería que también se le ha relacionado como la violación a Derechos Humanos. En el momento en que Trump -truena los dedos- pide que se le cuide el patio trasero ahí sí se apresuran hacerlo. Pero su estrategia es la violencia y la tortura, por eso tememos por la vida de los migrantes pero también de los ciudadanos, porque las fuerzas del orden nunca tratan como seres humanos a la población en general”, denuncia a Revolución TRESPUNTOCERO, el activista Ángel Cruz. 
También se comenta que, esta decisión del gobierno mexicano muestra que no existe una estrategia de atención integral, definida ni clara en torno a la movilidad humana, persistiendo en una estrategia que criminaliza la migración forzada centroamericana. 
“Más bien, se realiza exactamente en los mismos días en que se da el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte para replicar este reforzamiento fronterizo entre México y Centroamérica. 
Dicha decisión, tomada desde el pasado 3 abril, se contrapone al mensaje emitido por el presidente Peña Nieto en respuesta a Trump el pasado 5 de abril, en el cual hacía un supuesto llamado a la unidad nacional en defensa de la dignidad y soberanía de México, discurso que fue aplaudido por amplios sectores sociales del país, sin contemplar acciones concretas para revertir la decisión de Trump”.
Las organizaciones han señalado que, el envío de la Gendarmería Nacional a la frontera sur de México fortalece un modelo de seguridad y de militarización contrario a los derechos humanos, que coincide con el recrudecimiento de la política migratoria restrictiva que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde hace años, y que se reforzó con la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) a partir de mediados de 2014. 
A raíz de dicho Programa se ha documentado un incremento en las persecuciones contra migrantes y detenciones, así como delitos y violaciones a derechos humanos de la población en contexto de movilidad humana que continúan impunes. En este sentido, preocupan las similitudes entre la decisión actual de Segob de desplegar las fuerzas de la Gendarmería Nacional y el anuncio del Programa Integral Frontera Sur en su momento, pues ambas acciones se anunciaron de forma reactiva sin ningún documento público que las sustente, permitiendo así su ejecución de forma discrecional y bajo total opacidad. 
“Hasta el momento se desconocen los detalles de la decisión tales como su temporalidad, el número de agentes, sus facultades, las dependencias implicadas en esta nueva estrategia ni las otras áreas de seguridad que se pretenden fortalecer”.
Cruz coincide en que, “en medio de un contexto nacional donde la política de seguridad se ha caracterizado por implicar violaciones graves a los derechos humanos que también han quedado impunes, y del contexto actual en el estado de Chiapas de criminalización a la migración y a las organizaciones que defienden derechos humanos, aunado a la coyuntura electoral actual, es evidente la manera paulatina en la que se están ampliando las facultades de las fuerzas del Estado y su reforzamiento”. 
Tal es el caso de la Ley de Seguridad Interior -rechazada por amplios sectores en México y por diversos organismos internacionales-, indican las organizaciones, que ha venido acompañada de nuevos protocolos de actuación del uso de la fuerza por agentes estatales.
“A estas estrategias se suma la escalada de la militarización en la región fronteriza entre México y Centroamérica, tras el anuncio de la posible instalación de una base de apoyo militar del Comando Sur de Estados Unidos en el departamento de Petén, Guatemala en abril 2017”.
También se indica que, “esta política de seguridad fallida se vincula con una política migratoria cuya principal preocupación continúa siendo la seguridad nacional por encima de la protección de derechos humanos y de justicia. Por lo tanto, las organizaciones, redes y colectivos que suscribimos, consideramos que la decisión de reforzar la frontera sur de México, mediante el envío de agentes de la Gendarmería Nacional, pone en grave riesgo la integridad de las personas en contexto de movilidad humana, que sin duda resultará en un nuevo incremento de la violencia, la xenofobia y criminalización de las personas migrantes, refugiadas y quienes les defienden, así como la población en general”.
Los activistas y defensores de derechos humanos, en Chiapas, han demandado un replanteamiento del modelo de seguridad de forma integral, de manera que la política migratoria se rija por una visión de derechos y no se subsuma a la seguridad nacional, al mismo tiempo que exigimos se revierta inmediatamente la decisión de reforzar la presencia policiaca en la frontera sur con más elementos de la Gendarmería Nacional, han puntualizado.
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