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Denuncian a México por encaminar política pública en materia de salud a la privatización, excluyendo a millones de mexicanos

Imagen: Revista Fortuna
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Durante la 63° Sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, Asdrúbal González, director de Renaddhh, precisó que “en el país no existen protocolos ni leyes que protejan a los pueblos indígenas en el ejercicio del derecho a ser consultados en proyectos o decisiones gubernamentales que afecten sus territorios”.

Lo anterior, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “ha urgido al gobierno mexicano a garantizar el derecho a la consulta mediante una ley específica”, puntualizó.

También denunció que “la política pública en materia de salud está direccionada progresivamente a la privatización, excluyendo del goce de este derecho a millones de mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social”.

Se habló de un desmantelamiento de los pilares de salud pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
González afirmó que “desde 2016 los trabajadores del sector salud en el estado de Chiapas iniciaron acciones de protesta para exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones y garantizar el derecho a la salud, ya que en ese momento los hospitales y clínicas públicas se encontraban en el abandono, “al borde del colapso”, con escasez de medicamentos e insumos médicos para atender a la población”.

El defensor de los derechos humanos también manifestó la preocupación de la sociedad civil en torno de la reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, informó Reforma.

“El gobierno mexicano pretende dar pasos hacia la privatización de la educación, pasar la responsabilidad del mantenimiento y gastos de las escuelas públicas a los padres y madres de familia; otro elemento preocupante es el mecanismo de la evaluación a los maestros, donde se estaría violando derechos laborales de los docentes, sometiéndoles a un control y coacción psicológica de la amenaza de ser despedidos, pudiéndose interpretar como represalia o instrumento de control político y restricción de las libertades y derechos fundamentales contra el gremio educativo”, subrayó.

Por último, solicitó al Comité de la ONU una evaluación exhaustiva sobre la grave crisis humanitaria de derechos humanos que se vive en México, luego de precisar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató en el terreno “una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.

Remató: “El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos y las poblaciones vulnerables”.

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