Tras disturbios en Cadereyta, ONU pide investigar hechos violentos ocurridos en diferentes penales de NL

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Luego del motín perpetrado dentro del penal de Cadereyta donde se presume hubo más de 16 muertos, la ONU se pronunció por ir más allá de una investigación pronta, diligente y respetuosa del debido proceso en los penales nuevoleoneses.

Las oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidieron “indagar los hechos violentos que han ocurrido en diferentes penales de Nuevo León”.

Mediante un comunicado conjunto condenaron el motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta, en donde también más de 30 personas resultaron heridas.

La ONU consideró que se debe ir más allá de la investigación del caso. “Resulta imprescindible que se ponga fin a los brotes de violencia al interior de los centros de privación de libertad de Nuevo León, investigando de manera efectiva los hechos sucedidos con anterioridad en los penales de Topo Chico, Apodaca y en el propio Cereso de Cadereyta”, plantearon.

Sobre Cadereyta en específico, recalcaron que “recae en las autoridades la responsabilidad de acreditar, mediante una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, si se aplicó el uso de la fuerza conforme a la ley”.

Recordaron también que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “evidenciaba ya graves deficiencias en el Cereso de Cadereyta”.

“Mientras que en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estableció que en el caso del estado de Nuevo León 40.5 por ciento de las personas privadas de libertad se sentían inseguras en el centro penitenciario y 28.9 por ciento, en su celda”, añadieron.

“UNODC y ONU-DH llaman a las autoridades federales y estatales a adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos”.

Ambas oficinas se solidarizaron con los familiares de las víctimas y reiteraron su compromiso de brindar asistencia técnica a las autoridades mexicanas “para fortalecer las capacidades institucionales del sistema penitenciario del país”.

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