Si AMLO logró que partidos donaran recursos no siendo presidente, lo que lograría llegando a serlo: economista

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(02 de octubre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Inmediatamente después del sismo del 19 de septiembre pasado, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, dio a conocer un plan de austeridad que tiene como finalidad obtener fondos para la reconstrucción del país. Ésta sería su segunda propuesta, antes, el haber anunciado la donación de un porcentaje de los recursos de Morena, le costó severas criticas de funcionarios y partidos que finalmente terminaron por seguir sus pasos.
Con el plan de “austeridad republicana”, el político de izquierda afirmó que se podrán obtener 300 mil millones de pesos. Por lo que, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados propuso crear el Fondo para la Reconstrucción y Atención a la Población Afectada por los Sismos de septiembre de 2017 (Forapa), financiado con 302 mil millones de pesos producto de un plan de austeridad.
Para crear dicho fondo, se plantea “disponer de 100 mil millones de pesos del Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, correspondientes a 30 por ciento de los remanentes del Banxico en 2017”.
En total, del presupuesto de este año se buscan reasignaciones por 207 mil millones de pesos. A su vez, se plantea cancelar subsidios a Entidades y Municipios del Ramo 23, por 23 mil 762 millones de pesos.
Pero también señalan recortar las pensiones de expresidentes, servicios médicos privados, vender el avión presidencial y recortar la publicidad al gobierno. Con lo que se obtendrían, de acuerdo a lo señalado por Morena, 160 mil millones de pesos, para la construcción de 60 mil viviendas, se informa.
El costo preliminar de reconstrucción, el gobierno federal lo ha dividido en:13 millones de pesos para escuelas, 16 mil 500 millones de pesos en viviendas y 8 millones de pesos en infraestructura. Lo cual equivale a 2 mil millones de dólares, mientras que el Fonden cuesta con 6 mil 036 millones de pesos.
En tanto, el plan de austeridad de Andrés Manuel se centra en la reconstrucción de viviendas, atención a damnificados, programas de prevención y protección civil, reconstrucción de espacios de salud, educativos, de gobierno y de monumentos y patrimonios del país.
“La propuesta de Andrés Manuel es viable y además sumamente acertada, tanto para la reconstrucción como para que se termine la fuga de recursos otorgando, por ejemplo, pensiones a los expresidentes. Pero para ello necesita mayoría, sería ese el primer obstáculo.
A esto él suma la reducción de salarios a funcionarios de alto nivel. Sí puede reducirlos al presidente de la República, a senadores y diputados y a otros, pero al llegar con el poder judicial nuevamente se presenta un problema ya que a ellos constitucionalmente no se les puede reducir el salario. Pero en cuanto a eliminar las pensiones con mayoría podría lograrlo”, detalla a Revolución TRESPUNTOCERO el economista Juan Campos Vega.
En tanto, en el tema de la eliminación de servicios médicos privado, afirma el especialista, “eso es una aberración. Hay incongruencias Los Diputados durante su encargo no tienen ISSSTE y deberían de tenerlo, son parte del gobierno aunque sea transitoriamente.
Porque lo que hace la Cámara es pagarle servicios médicos privados, por eso es totalmente acertado que se les retire. Eso sirve nada más para favorecer a los ‘amigos’, otorgándoles concesiones, si alguno tiene un hospital o clínica privada. Por eso se debe establecer que los diputados como cualquier empleado debe tener servicio médico público, porque si al pueblo sí le sirve a ellos también. Por eso se debe aplaudir dicha medida”, añade.
El economista asegura que el presupuesto que Andrés Manuel es mucho más alto que el propuesto por Peña Nieto, porque está pensando además de las viviendas, escuelas y patrimonios culturales, en la destrucción de carreteras y otros daños que “han afectado a pueblos enteros”.
Sobre los impuestos condonados a Televisoras, comenta, “cuando Televisa era solamente dos pequeños canales se llegó a un arreglo para el pago de impuestos. Pero ahora mismo ya no es un ‘changarrito’ es un monstruo. Tiene negocios en Latinoamérica, Estados Unidos, tiene publicaciones.
Esa empresa debe pagar. Es una obligación. Por eso es viable el Plan de Austeridad de Andrés Manuel. Porque no está más que pidiendo se use el dinero del pueblo para su reconstrucción. Que no se condone más, y ahora mucho menos que el país se encuentra en medio de una tragedia”.
A su vez señala que, de aprobarse en Cámaras inmediatamente tendría que obedecer Hacienda y ejercer las medidas necesarias. Dichas medidas, principalmente, la reducción de salarios y eliminación de pensiones de ex presidentes, señala que tendrían apoyo popular, lo cual sería incluso benéfico para la imagen de los partidos políticos, indica.
“Si tuvieran un poco más de conciencia. Podrían incluso los diputados no ceder a la construcción del aeropuerto, pero sí a las otras propuestas aplicadas de inmediato a este presupuesto que se está ejerciendo ahora y así le darían una salida al problema de la emergencia. Repito lo mínimo es que en lugar de condonar a las empresas los impuestos, esto año que sí los paguen”.
Campos Vega añade que, “sin duda Andrés Manuel López Obrador con este tipo de movimientos está ganando popularidad, porque finalmente es el único que está proponiendo verdaderas salidas viables. Ya propuso la donación de recursos y todos tuvieron que hacer lo mismo. Si logró eso no siendo presidente, lo que lograría llegando a serlo”.
Pero, Andrés Manuel está planteando una situación totalmente diferente, indica. “Creó un comité ciudadano con miembros prestigiados que vigilarán que los recursos se apliquen directamente a los damnificados. Él no pensó en regresar el dinero a Hacienda. Qué confianza puede haber en que se usará correctamente si se le regresa a Hacienda”.
A su vez, se ha puesto a disposición de los ciudadanos la clabe interbancaria 06218000-1331217652 a donde irán las donaciones para el Fideicomiso 73803 en el banco Afirme.
También informó que el Fideicomiso está integrado por las escritoras: Laura Esquivel y Elena Poniatowska, así como por los escritores: Pedro Miguel y Paco Ignacio Taibo, también el abogado Julio Scherer, la artista Jesusa Rodríguez, la periodista Bertha Maldonado, y el padre Alejandro Solalinde.
“Esta es la vía más eficaz, segura de apoyar a los damnificados, porque los fondos van a llegar a quien lo necesita, vamos a apoyar alrededor de 45 mil damnificados en los estados afectados de los sismos y en la Ciudad de México, este es un propósito de Morena de apoyar a quien lo está necesitando”, argumentó Andrés Manuel.
En tanto, reiteró que Morena destinará 103 millones de pesos en apoyo a los afectados por los terremotos en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México.
Ante estas acciones realizadas por Andrés Manuel, los partidos políticos comenzaron a realizar otras más, pero no por ello totalmente propias. Como es el caso del Frente Ciudadano (PAN, PRD y MC), quien es evidente retomó algunas de los planteamientos hechos por Morena.
Para ejemplo está, limitar el gasto en publicidad del gobierno federal; eliminar gastos en seguros médicos mayores, telefonía celular y gasolina. El plan es casi igual al de la “Ley para atender la reconstrucción y la emergencia nacional ocasionada por los sismos de septiembre de 2017 y de austeridad republicana”.
Aunque el Frente propone con “su” plan, un ahorro aproximado de 60 mil millones, mientras que Morena asegura un ahorro de 300 mil millones de pesos. Cabe señalar que el Frente también propuso que dichos ahorros vayan a un “Fondo de Reconstrucción Nacional” vigilado por “ciudadanos con alta probidad moral y profesional”.
Precisamente, lo que hizo Morena. Sin embargo ellos no han dado a conocer quienes serían las personalidades que vigilarán que el dinero sea usado directamente para las labores de reconstrucción del país en las zonas afectadas por los sismos de septiembre pasado.
Sobre el tema, el Senador Miguel Barbosa, señala que, en medio de la tragedia de los sismos de septiembre, la respuesta de los políticos ha sido equivocada, demagógica y oportunista; la reacción de los gobiernos estatales y federal ha sido insuficiente, populista y desorganizada.
“Hemos escuchado un sinnúmero de planteamientos, todos enfocados a ganar simpatías ante la tragedia; sólo de dientes para fuera, sin ninguna posibilidad ni voluntad para concretarse, el objetivo consiste en sobrevivir en este océano de rechazo a la clase política.
El Gobierno tendría que haber convocado a toda la sociedad a la construcción de un plan para enfrentar el desastre y no hacer anuncios de proyectos elaborados desde la soledad y soberbia del poder, sin la participación de la gente”, indica.
Cabe señalar que la implementación de un plan de austeridad, es una propuesta de Morena desde hace un par de años atrás. Siendo en septiembre de 2015, cuando la coordinadora de los diputados de dicho partido, Rocío Nahle, presentó una iniciativa de austeridad que contempló la reducción del 50 por ciento del salario a todos los altos funcionarios del país y la suspensión de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En tribuna señaló que, la Ley de Austeridad Gubernamental, “debe ser contemplada, analizada y aplicada de forma inmediata, para llevar a cabo un plan de austeridad ante la crisis económica de las finanzas públicas”, esto al fijar su posición durante la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la XLIII Legislatura.
Subrayó que las finanzas públicas “no son sanas, pese a las diferentes reformas aplicadas”. En la iniciativa, que Morena presentó como primer acto de su grupo parlamentario en la legislatura, se propuso “una redistribución del gasto, donde se dé prioridad a servicios básicos como salud, educación y desarrollo social, y se incentive la productividad interna del campo y la industria”, añadió.
Aseveró que se planteaba la reducción del 50 por ciento a “los salarios del Presidente (de la República), de los ministros, legisladores, gobernadores, presidentes municipales y de todos los altos funcionarios”.
Asimismo, la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Proyecto Monterrey IV, con lo que, argumentó, “ahorraríamos más de 200 mil millones de pesos”. Puntualizando que dicha fracción trabajaría “en iniciativas que rescaten las instituciones para ponerlas al servicio del pueblo”.
Barbosa indica que, después de este evento, “el miedo del Gobierno, de los partidos políticos y de las organizaciones sociales privilegiadas -ésas que son funcionales al poder- es enorme ante la posibilidad de que surja una organización real de la sociedad mexicana que tenga la capacidad de asumir el poder. Por eso el aislamiento a la gente para que no participe en la construcción y ejecución de un plan de acción para atender el desastre.
Lo cierto es que el Estado mexicano está rebasado por la magnitud del siniestro; como siempre, después de la tragedia se evidencia la corrupción y la pobreza; un gran porcentaje de muertos y de daños a casas, edificios, monumentos, escuelas y en general a la infraestructura urbana, se generaron por corrupción y pobreza”.
Cabe señalar que, la reciente propuesta del Frente, tiene como única diferencia la reducción en 50% el personal contratado por honorarios y de base; reducir por lo menos la mitad del personal con cargos de jefe de departamento y hasta subsecretarias o el equivalente en otras dependencias.
Lo cual afecta a un gran número de personas que de la noche a la mañana perdieron su empleo. Ocasionando un grave daño. Y es que, desde este domingo se ha señalado en medios de comunicación y dado a conocer por especialistas que, “por instrucciones de Ricardo Anaya, el PAN inició el despido masivo del 90% de su personal, bajo el argumento de apoyar a damnificados”, como lo indica el columnista Dionel Sena.
Lo que ha provocado los cuestionamientos de usuarios en redes sociales quienes señalan ¿A los desempleados quién los van ayudar? Sin embargo, Anaya se ha limitado a decir, “hemos iniciado un muy doloroso proceso de despido y liquidación de la mayoría del personal a quienes nuevamente agradezco y ruego su comprensión”.
Sin embargo hasta el momento no se ha pronunciado a favor del recorte de pensiones de expresidentes o algún tipo de recorte para altos funcionarios, para no afectar a los trabajadores con menores salarios.
De acuerdo con el universal los empleados se quejan porque les parece inadmisible que un partido autodenominado humanista despida a su personal, con el argumento que será para auxiliar a los damnificados.
Cuando hay otros rubros más onerosos a los que se podría recortar. Siendo uno de los partidos con mayores recursos después del PRI. Además de los despidos hay algunos que han adelantado que posiblemente los que se logren quedar tendrá una reducción de sueldo del 50%.
Cabe señalar que existen grandes posibilidades que algunos de los empleados que sean despedidos al mismo tiempo sean damnificados por el sismo del 19 de septiembre sin que esto importe al Acción Nacional. Finalmente siéndolo o no, el plan afecta a la población mexicana que atraviesa por una crisis generalizada en material económica y de empleos.
Sobre el caso del gobierno federal, el Senador Barbosa indica que, el planteamiento del Gobierno, de calcular en 38 mil millones de pesos el monto de la reconstrucción, es totalmente insuficiente y carece de respaldo técnico; pretender asignar 120 mil pesos a quien haya perdido su vivienda, 30 mil pesos para quien tenga que reparar daños estructurales y 5 mil pesos a quien sólo tenga que hacer reparaciones, “es una burla que generará una gran protesta social”.
Indica que hasta ahora, aún no son previsibles los alcances de lo que como respuesta social surja de los sismos; lo que sí lo es, es que electoralmente se generará una opinión opositora al poder y al estado de cosas, que si no es atraída por una de las opciones opositoras existentes, caerá en el abstencionismo o la anulación del voto.
“Lo que el Congreso debe asegurar es que los partidos políticos no tengan nunca más dinero público para su vida ordinaria y sus campañas, los legisladores deben desde el Presupuesto de Egresos de la Federación, reducir al 50 por ciento el costo del ejercicio del poder, eliminar todo gasto suntuario, suprimir el importe de la propaganda gubernamental, que provoca entre otras cosas el control de los medios de información.
Que se eliminen las odiadas pensiones vitalicias a los ex presidentes y, sobre todo, que se garantice la honradez y transparencia en la ejecución del dinero público en la reconstrucción. Que se les amarren las manos a los gobernadores, para que no sigan haciendo negocios con la asignación y ejecución de la  obra pública”, señala.

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