SFP detecta enriquecimiento ilícito por parte de 76 funcionarios; fortuna ilegal asciende a 499.1 mdp

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By Redacción Revolución

De acuerdo con la información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante el último año, detectó que 76 funcionarios de distintas dependencias amasaron de manera ilegal una fortuna de 499.1 millones de pesos.

Dicha cantidad equivale a “casi tres veces el presupuesto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá el próximo año, que es de 172 millones de pesos”.

Por lo que, la SFP presentó ante la PGR denuncias contra los servidores y ex servidores públicos, “quienes presuntamente incurrieron en el delito de enriquecimiento ilícito”, se ha señalado.

La mayoría de los funcionarios denunciados –26– trabajaban en Pemex, y, fue durante su estancia en la empresa productiva del Estado, que lograron hacerse de un patrimonio que en su conjunto suma 216.5 millones de pesos.

Tan sólo uno de ellos, identificado con el número de expediente 037/2016, incrementó su patrimonio de manera irregular en 61 millones de pesos. Por lo que la SFP ha mantenido reservado los nombres de los denunciados, pero “se ha logrado determinar que uno de ellos es Antonio Narváez Ramírez, ex administrador regional de Pemex Exploración y Producción en Poza Rica”, informó Reforma.

También se ha señalado que, otras dependencias que tienen las mayores incidencias de funcionarios enriquecidos son el IMSS, “con 11, y un monto global de 41.1 millones de pesos, así como la PGR, con 6 casos, que suman 24.4 millones de pesos”.

Pero el caso más escandaloso de enriquecimiento inexplicable lo tiene un funcionario de la SEP, identificado con el expediente DGII/DGAEP/013/2013, “quien tuvo un incremento en su patrimonio de 72 millones de pesos”.

Por lo que ahora, la SFP lleva a cabo un seguimiento de la evolución de los bienes de alrededor de 200 mil servidores públicos “a través de las declaraciones patrimoniales que cada año están obligados a presentar”.

Una vez presentada la denuncia, “le corresponde a la PGR determinar si, efectivamente, el funcionario incurrió en un enriquecimiento ilícito y, en caso de que así sea, llevarlo ante un juez” se ha señalado.

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