Proyectos de muerte en Puebla; autoridades sobornadas para beneficiar a empresas y ciudadanos opositores encarcelados

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Por Redacción Revolución

Los proyectos energéticos “de muerte” en Puebla ponen en riesgo a 95 municipios del estado, pues para la actividad minera se han concesionado más de 182 mil 774 hectáreas y 448 mil hectáreas para la extracción de hidrocarburos a través del fracking, además de que se planea la instalación de una decena de hidroeléctricas y gasoductos.

En este sentido, el diputado federal de Morena, Alejandro Armenta Mier denunció que, en San Lázaro, las compañías beneficiadas y las autoridades federales, estatales y municipales, han hecho todo lo posible para imponer esos negocios, dividiendo a las comunidades y encarcelando a los miembros de los movimientos ciudadanos opositores.

“Los habitantes han denunciado que las autoridades locales fueron sobornadas para favorecer los intereses de las empresas y no de los habitantes” – dijo Armenta Mier, quien afirmó que estos proyectos son consecuencia de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Agregó que más de 448 mil hectáreas de terrenos de 35 municipios de la Sierra Norte de Puebla han sido entregadas a empresas nacionales y extranjeras por la Secretaría de Energía (Sener), para la extracción de hidrocarburos no convencionales a través del fracking.

Armenta mencionó que el área que podría ser explotada por el fracking, representa el 13.07 por ciento de la superficie total del estado, aun y cuando dicha práctica está prohibida en otros países debido a los severos impactos en el ambiente.

Indicó que también se planea la perforación de 10 mil 92 pozos con esta técnica, para lo que se requieren 14 millones de litros de agua pura por pozo, es decir, más de 140 mil millones de litros de agua.

Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) reportó que 182 mil 774 hectáreas de territorio poblano de 48 municipios han sido concesionadas a empresas mineras.

Ante esto, Armenta opinó que las empresas multinacionales han sido los principales beneficiarios, en tanto, las comunidades padecen las consecuencias de la industria extractiva: paisajes devastados, despojo de tierras, montañas fracturadas, suelos removidos hasta el núcleo y aguas contaminadas.

“El despojo de tierras, el ecocidio y el hecho de que es un proyecto para beneficio de la iniciativa privada y no de los pueblos, han sido los principales argumentos de quienes los han rechazado”.

Cabe recordar que, en 2012, la Universidad de la Tierra (Unitierra) en Puebla reveló la intención de la iniciativa privada de construir ocho hidroeléctricas en la Sierra Norte, lo que afectaría los municipios de Olintla, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán, Hueyapan, Zapotitlán, Hermenegildo Galeana, Zacapoaxtla, Xochitlán, Zapotitlán, Atlequizayán, Zoquiapan, Nauzontla, Yahonauac, Zoquitlan y Tlacotepec.

A esto se suma el proyecto de dos gasoductos, los cuales pasarían por la zona norte y centro-poniente del estado: Tuxpan–Tula y el Gasoducto Morelos.

El primero cruzaría los municipios de Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Jalpan, Tlaxco, Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey, mientras que el Gasoducto Morelos recorrería Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, Ocoyucan, Nealtican, Atlixco, Atzitzihuacan, Huaquechula, Acteopan, Cohuecan.

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