Ley de Seguridad Interior, una puerta falsa para resolver la violencia que aqueja a la sociedad: ONG’S

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(09 de octubre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante el Foro Informativo sobre la Ley de Seguridad interior en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que contó con Ia participación de expertos en el tema, académicos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, el debate se centró en los efectos e impactos de la inclusión de militares en labores de seguridad pública. Para ello se ofreció una conferencia magistral y un par de paneles.
Víctor Hugo Carlos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó diversos casos que en su opinión demuestran que la participación militar en general incrementa la violencia y en particular las violaciones a Derechos humanos.
Aludió al caso TlatIaya en donde pudieron encontrar una orden oficial que enviaba a la tropa a “abatir” delincuentes. Por su parte, Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), contextualizó esta situación en el Caso de Chihuahua, recordando el caso de los primos Alvarado –donde dos varones y una mujer fueron desaparecidos en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, por elementos del Ejército– que ha llegado incluso al sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En la misma línea señaló que la tendencia de la violencia tiende a incrementarse con la presencia militar y que las mujeres están entre las afectadas más directas por esta. En tanto, la conferencia dictada por Ernesto López Portillo llamó a deconstruir el paradigma militarista cuestionándolo desde sus orígenes.
También enfatizó sobre la necesidad que se establezcan políticas de seguridad democráticas. La precondición para que esto ocurra es el escrutinio público. En esta lógica es necesario, por una parte vincular Ia evidencia empírica en materia de seguridad con la construcción de seguridad pública.
“Por otra parte es fundamental que las autoridades retomen los múltiples estudios e informes serios sobre el tema. Al mismo tiempo es necesario que las autoridades civiles no renuncien a su responsabilidad”. Por ello concluyó que la Ley de Seguridad Interior es “una puerta falsa para resolver la violencia que aqueja a la sociedad”.
Por su parte, Oscar Enriquez del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte recordó los fuertes efectos de la militarización en Ciudad  Juárez. Señaló el incremento de la tortura y de las violaciones a los derechos humanos y destacó la necesidad de fortalecer las herramientas civiles de seguridad.
En tanto, Fernando Ríos Martínez, secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles De Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) destacó el uso de los cuerpos militares para reprimir a las personas que defienden y reivindican los derechos humanos en todo el país  según fue documentado en su reciente informe “La esperanza no se agota”.
De la misma alertó que las nuevas propuestas de Ley de Seguridad Interior pretenden darles aún más facultades legales para espiar, perseguir y reprimir a la ciudadanía. Tras analizar estos elementos y recoger la experiencia de la sociedad civil que valora que la experiencia de ciudad Juárez en términos de la militarización fue una suerte de laboratorio para tratar de medir los efectos adversos de la misma y también la magnitud de la respuesta civil.
Puntualizando que, “queda claro que la militarización no es la vía adecuada para la construcción de una seguridad democrática. Por ello se acuerda rechazar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior”.
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