En Puebla gobierno de EPN hizo revisión superficial tras 19-S; varios municipios quedaron fuera de declaratoria de desastre

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Por Redacción Revolución

El senador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó que la revisión de los daños del temblor del 19 de septiembre en Puebla por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno de EPN ha sido superficial, pues varios municipios afectados quedaron fuera de la declaratoria de desastre.

Ante esto, el senador propuso un Plan para la Reconstrucción de Puebla, el cual contempla realizar una nueva valoración de las afectaciones, tomando en cuenta los daños reportados en los municipios de Zinacatepec, Coyomeapan, Tlacotepec de Díaz y Coxcatlán.

“Esto implica realizar una revisión profunda de la infraestructura de todas las escuelas y edificios públicos de los gobiernos federal, estatal y municipales, y obligar a los dueños de las escuelas privadas a hacer lo mismo”.

Consideró que la evaluación deficiente que se ha hecho hasta el momento fue también responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

De esta manera consideró indispensable someter a revisión del Comité Consultivo Técnico y de expertos internacionales la inspección que se efectuó en la entidad, con el objetivo de garantizar una valoración apegada a la realidad, pues a partir de ahí se deberá diseñar el plan de reconstrucción.

Agregó que, de igual manera, se debe actualizar toda la normatividad de construcción del estado, utilizando la información del reciente sismo para hacerla más estricta, adoptando las mejores prácticas internacionales para evitar la pérdida de vidas y las pérdidas económicas en eventos futuros.

Barbosa expresó que los recursos para los damnificados deben ser manejados de manera honesta, transparente, sin sesgos partidistas y ser cuidadosamente vigilados para que lleguen directamente a los objetivos de reconstrucción y atención.

Esto conlleva que todo acto de corrupción o de desvío de recursos se sancione ejemplarmente y conforme a la ley – expuso.

Para evitar la mala utilización de los recursos, propuso hacer públicas las bases de datos con la información de las constructoras e inmobiliarias; los directores responsables de obra, servidores públicos encargados de autorizar licencias, permisos, usos de suelo, para así poder determinar las responsabilidades legales.

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