En Guerrero, familias sufren desplazamiento, ejecuciones y la desaparición forzada; viven en total vulnerabilidad: ONG’S

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Por Redacción Revolución

En Guerrero, activistas señalaron que en el 2017 la violencia ha rebasado las cifras de años pasados, e”n tan sólo 10 meses se han cometido más de 200 homicidios dolosos que han quedado en la impunidad, además de incrementarse el desplazamiento forzado que se refleja en las casa vacías de Chilapa así como de las comunidades donde el miedo y el terror es infundida por grupos de la delincuencia organizada, tal es el caso de Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, que en tres días se desplazaron aproximadamente 530 familias bajo el desamparo de las autoridades  municipales y estatales”, señalaron.

Acusaron que, es inaceptable “la negligencia con que actúan la Secretaria de Gobernación y la Fiscalía General del Estado al dejar toda la responsabilidad a policías municipales manifestando que ellos son los encargados de la prevención del delito, cuando esta etapa ha sido rebasada y los niveles de violencia requieren la participación de las autoridades federales”.

Es necesario que el Gobierno Federal cumpla con sus atribuciones en cuanto a política criminal y persecución del crimen organizado a quien las propias autoridades acusan de ser responsables de la mayor parte de la violencia sucedida en la región de Chilapa, señalaron.

A la Fiscalía General del Estatal le corresponde la investigación de los delitos, la detención de los presuntos responsables y llevarlos ante el Poder Judicial. Si no se persigue a los responsables de los crímenes, se perpetúa la impunidad dejando en indefensión a la población que en su mayoría está compuesta por campesinos e indígenas marginados y en extrema pobreza, indicaron.

“La  actitud de estos organismos forma parte de una estrategia perversa que pretende abonar el débil terreno en que esta cimentada  la  militarización del estado de Guerrero y por ende lo que se busca es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, como organismos civiles que promueven y defienden derechos humanos consideramos que ese es un camino equivocado para revertir la violencia e inseguridad”.

A su vez, señalaron que las familias que sufren por el desplazamiento forzado, las ejecuciones y la desaparición viven en total vulnerabilidad, “pues el trauma que estos acontecimientos dejan es sumamente grave y que no están siendo atendidos de acuerdo a los estándares internacionales que protege derechos humanos.

Debido a la carencia de leyes que deberían ser promovidas con prioridad para dar una mejor atención a las víctimas, por ejemplo; no existe  una ley estatal de declaración de ausencia, no se ha reglamentado la ley número 694, de víctimas del estado libre y soberano de Guerrero, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas carece del presupuesto para garantizar la atención de las mismas, ya que el presupuesto actual no ha sido administrada de manera adecuada”.

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