PRI, PAN y PVEM aprobaron enviar a prisión a locutores de radios comunitarias; una forma más de asesinar libertades y a quien las ejerce: experta

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By Redacción Revolución

(07 de octubre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Las radios comunitarias han sido unas de las principales armas para despertar conciencia en los rincones de mayor marginación y represión de este México pulverizado por la derecha. En por esto que se debía legislar la opresión de éstas, no es que no pase, pero ahora ya es legal y los mandarán a prisión.

Quienes votaron a favor de castigar y censurar radios comunitarias, es la derecha cínica, porque a la par que admiten que implementan este tipo de represión y censura contra los locutores porque ‘hablan mal del gobierno’, se protegen legislando que irán a la cárcel ‘si no tienen los permisos en regla’, es una burla abierta de los lacayos del gobierno que solamente lanzan una advertencia a todo aquel que ose alzar la voz -una forma más de asesinar las libertades y a quien las ejerce- y por otra quedar bien con un gobierno nefasto que no tiene ni idea de las existencias de estas radiodifusoras”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, la investigadora social Alejandra del Valle.

A inicios de este octubre, la Comisión de Radio y Televisión que preside la diputada del Verde Ecologista, Lia Limón García (PVEM), aprobó reformas para inhabilitar y sancionar a estaciones que presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin autorización.

Por medio de un comunicado, Limón García aseguró que “estas modificaciones no atentan contra la libertad de expresión”. En tanto, el diputado del PRI, Miguel Ángel Ramírez Ponce, aseguró que “existen casos de radios comunitarias que hacen negocio, por lo que no vamos a defender lo indefendible” y agregó que “en Oaxaca y Chiapas hay emisoras que usan el medio para malinformar”.

Así fue como con el argumento que “desde sus radios comunitarias las comunidades indígenas ‘hablan en contra del gobierno’”, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión “para sancionar hasta con seis años de prisión a quienes operen estaciones sin contar con la concesión respectiva”.

Esto fue gracias a 11 votos de PRI, PAN y PVEM, y tres en contra de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD, la comisión avaló la propuesta del empresario Benjamín Medrano (PRI).

De acuerdo con la modificación también prevé el “decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza”, definición que fue cuestionada por Virgilio Caballero durante la reunión de trabajo de la comisión.

Ya que señaló que, la iniciativa que pretende criminalizar a las radios comunitarias e indígenas que carezcan de permisos para su operación –con sanciones que van de dos a seis años de cárcel, 300 días de multa y el decomiso de sus instrumentos para transmitir– no es el camino correcto para regularizar su funcionamiento.

El legislador federal de Morena consideró que la propuesta priista es un retroceso para la democracia y la libertad de expresión, ya que significa atentar contra un derecho categórico y establecido en la Constitución Mexicana a favor de las comunidades para comunicarse y reconocerse como ciudadanos.

“Por vivencia propia, conozco lo que representa para una comunidad tener su propio medio de comunicación que proviene, precisamente, de la ausencia del interés de los medios comerciales para atender la cultura, la lengua, las ideas y los problemas de ese sector de la población”, subrayó el también periodista y fundador del Canal del Congreso.

Detalló que, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena sostuvo que muchas radios de carácter social no tienen permiso para usar el espectro radioeléctrico, pero que eso no las convierte en organizaciones criminales. Por ello, sentenció, no es mediante la penalización como se regularizará su funcionamiento.

Del Valle señala que, “la violencia contra los conductores de radiodifusoras ha llegado a las intimidaciones, amenazas de muerte, violencia física y hasta los homicidios”. Citando como ejemplo el caso de Apolonio Hernández González, en abril pasado quien colaboraba en radio Net que opera en Ejutla de Crespo, Oaxaca.

Fue asesinado con arma blanca en el interior de su domicilio, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca. “El locutor tenía 52 años y se escuchaba en radio desde las ocho de la noche hasta las 10, pero también era ladrillero. Una persona de pueblo que ejercía dicho oficio porque tenía algo que expresar”.

La también especialista en sociología de la información, indica que, “ahora buscan otras vías, no es que vaya a cesar los homicidios, las intimidaciones, pero suman otras maneras de acallar. Pero, lamentablemente, no por ello continuará la violencia. Porque finalmente esta política del terror que ha mantenido como estandarte la derecha del PRI y el PAN, tiene muchos frentes.

Es decir, desde arriba legislan censura, atacan usando las leyes en contra de la población, cabildean para manipular las reglas que deberían estar al servicio de la sociedad, desde abajo usan las armas, la tortura, la desaparición. Finalmente en su mayoría en cada dependencia existe la semilla penetrante de la opresión como principio de la política del terror con la que PRI y PAN mantienen atemorizada a la ciudadanía. La regla del ‘si hablas te mato’, ‘si no te cuadras te meto a prisión’, porque en muchas ocasiones la gente ha despertado porque llega más rápido el discurso de un locutor de radio comunitaria que el boletín de partido oficialista, esto es justamente lo que buscan impedir. Legalizar una forma más de represión”.

Un caso más se presenta en Chiapas. El día 4 de octubre del 2017, entre las 16:30 horas y las 17:0 horas,  tres sujetos, dos de ellos portaban uniformes de la Agencia de Investigación criminal, adscrita a la PGR, el otro sólo usaba pantalón camuflajeado y camisa negra, interceptaron y retuvieron “con falsas acusaciones a Nataniel Hernández, Martín Ríos, y Gabriela Sanabri, colaboradora del ‘medio libre Radio Zapote’”, informó el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

Señalaron que esto sucedió, luego que las tres personas realizaran un recorrido por tres comunidades (Rancheria Huizachal, Bahía de Paredón y Ranchería La Laguna del municipio de Tonala, Chiapas) acompañando al periodista John Helman y su equipo de producción de “Al Jazeera”.

Quienes documentaron las condiciones en las que se encuentran las comunidades después del sismo. Se dio a conocer que de regreso a Tonalá, en la desviación Paredón- Puerto Arista, un retén antidrogas revisó el vehículo, después de esto se continuó el traslado a Tonalá, pero Nataniel notó que una camioneta blanca seguía el automóvil, sin embargo hizo caso omiso.

Minutos después, una camioneta blanca Tacoma sin placas les cerró el paso, de éste descendieron tres hombres armados que les pidieron bajar del vehículo, cuando lo hicieron, los sujetos uniformados comenzaron a tomar fotografías y videos.

Al preguntarles por su identificación se negaron a presentarla, se les pidió explicaciones del porqué de la retención, uno de los tres sujetos, quien parecía estar a cargo, dijo que “habían recibido una denuncia en la que señalaban que una organización estaba pidiendo dinero a cambio de proporcionar víveres y que se encontraban investigando”.

Posteriormente se les preguntó más detalles, cambiaron el tema y comenzaron a manifestar que “en Paredón había un joven que había sido detenido por robo de un automóvil, como somos nuevos no sabíamos cómo proceder porque el muchacho está pidiendo apoyo respecto a sus derechos, nos dijeron en el retén que ustedes eran de derechos humanos, los detuvimos para preguntarles”.

Tras cuestionarles la relación de las preguntas con la retención, “ellos comenzaron a preguntar en dónde se realizaba el trabajo, si pertenecían a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Arriaga, de igual forma la ubicación de ésta, y más tarde la ubicación de las oficinas, uno de los sujetos mencionó que tenían unos oficios que tenían que llevar y que si podían acompañar hasta las oficinas”.

Después los mismos sujetos cambiaron la versión y señalaron que “estaban buscando personas que usurpaban cargos de defensores de derechos humanos”. Después de 15 minutos se retiraron. Sin embargo, durante todo el cuestionamiento tomaron fotografías y videos a cada uno, informaron.

En tanto, Del Valle señala que, a pasos agigantados la libertad de expresión se han deteriorado gravemente. Bajo el pretexto de “piratería”, se pretende prohibir e inhibir las noticias que dan verdad y de alguna manera protegen a las poblaciones vulnerables como lo son las indígenas.

“Es así como los legisladores de derecha están privando al pueblo del libre acceso a la información, amenazando la libertad de los locutores, quienes llevan a cabo este oficio como una labor humanitaria, un frente que lucha contra los emporios, no por ganancias monetarias, sino ideológicas que buscan un cambio real y cambiar la mentalidad de sumisión y por supuesto que los gendarmes del gobierno en las Cámaras están prestos a combatir”, puntualiza.

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