Denuncian que gobierno lucra “impúdicamente” con la necesidad de las familias de contar con un techo en Oaxaca

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Redacción Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones civiles denunciaron que el gobierno “está lucrando impúdicamente con la situación de urgente necesidad de las familias de contar con un techo en condiciones dignas” en el Istmo de Tehuantepec, así como la complicidad entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y empresas privadas para aprovecharse de la situación, a más de un mes del sismo magnitud 8.2 que devastó a Oaxaca y Chiapas el pasado 7 de septiembre.

Acusaron que si bien las autoridades se presentaron en la zona afectada por el sismo, “se olvidaron de la periferia” y además ocultan información sobre procedimientos que ya tienen definidos y “sin explicación alguna derriban viviendas de familias completas sin considerar que éstas requieren un espacio temporal para sobrevivir”.

Manifestaron que el monto asignado para la reconstrucción por parte del gobierno es insuficiente, así como las reglas que impiden reconstruir espacios dignos y acordes con la identidad, cultura y tradición de los pueblos.

De acuerdo con las organizaciones firmantes, las medidas que asumió el Estado son sólo para beneficiar al sector privado y transnacional, mientras que abandonan el fortalecimiento de la economía local.

“Nuestro pronunciamiento no pretende ser un recurso desesperado, sino todo lo contrario, conminamos al estado mexicano, que a través de la SEDATU Y CONAVI, a reconsiderar su política absurda, queremos decirle que estamos organizados, nuestra etapa de duelo se traduce en construir de manera cotidiana, tantas veces han atentado contra nuestras formas de vida, tantas veces resistiremos y defenderemos cada jirón de territorio istmeño”, señalaron.

Por ello, exigieron el cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada y dictaminaciones imparciales realizadas por profesionales calificados avalados por instituciones académicas, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil, así como la ampliación de los censos para incluir a todos los afectados.

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