Ante hostigamiento, Velasco le ofrece a activista cámara de vigilancia en su casa, pero ella ni siquiera tiene luz

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(06 de octubre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Guadalupe Núñez, Concejala del Concejo Indígena de Gobierno en la Costa de Chiapas, fue víctima de allanamiento de su domicilio, el 2 de octubre pasado.
 
Ella es una más de los defensores de Derechos Humanos que han padecido hostigamiento, amenazas y otras formas de violencia, que han participado en tareas de apoyo y reconstrucción en las comunidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, informó el Centro de Derechos Humanos Frayba.
De acuerdo a información aportada por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en el municipio de Tonalá, Chiapas, aproximadamente a las cuatro de la mañana, personas desconocidas allanaron el domicilio, en la ciudad de Tonalá y sustrajeron un celular, una televisión, y su cartera que contenía la cantidad de mil 500 pesos, así como sus credenciales personales. 
La denuncia señala que las puertas y chapas de la casa no fueron forzadas y que los sujetos ingresaron por la parte trasera de la casa. Este hecho sucede en medio de las acciones de apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto del 07 de Septiembre que consisten en entrega de Ayuda Humanitaria y reconstrucción de viviendas y del proceso del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena en Chiapas en el que Guadalupe ha tenido una participación importante en la región costa con los pueblos y comunidades, se ha informado.
Anteriormente, elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE) detuvieron de manera arbitraria a Mario Marcelino Ruíz Mendoza, indígena tseltal, defensor de derechos humanos e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz, AC (Serapaz) y a 20 representantes indígenas más que acompañaba como parte de un proceso de diálogo entre la Comisión de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona, la dirigencia de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Democrática e Independiente (ARICC-UUDI) y el gobierno estatal.
Tras la privación arbitraria de la libertad, discriminación, hostigamiento y condicionamiento político para seguir el dialogo sobre la situación de los pueblos que pretenden desalojar en Montes Azules, todos fueron puestos en libertad sin explicación oficial alguna.
En Chiapas, se han contabilizado 56 casos de agresiones contra defensores de Derechos Humanos, que ubican a la entidad con el mayor número de registros y con la más alta incidencia en violaciones a derechos humanos y delitos contra personas y colectivos vinculados a la defensa de la tierra y el territorio.
Chiapas, es el lugar donde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ubica que se mantiene una guerra de baja intensidad contra las comunidades y colectivos simpatizantes o integrantes de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y firmantes de la Sexta Declaración de la Selva.
En tanto la organización, Pueblo Creyente de Simojovel denuncia que “desde mayo de 2017 se han incrementado las amenazas, agresiones y ataques en el contexto de su lucha contra el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, la violencia institucionalizada, los narcopolíticos, la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de armas, y las muertes.
Sobre el tema Jorge Luis Hernández, coordinador del Área de incidencia del Frayba, señala a Revolución TRESPUNTOCERO que, “en Chiapas no se hace un verdadero análisis del riesgo que padecen los defensores. El Estado dice ‘yo te doy esas medidas y tú ves cómo le haces’, aunque esas medidas no sean las adecuadas para el nivel de riesgo que tienen”
Un ejemplo, cita el activista, es el de una defensora de derechos humanos en Ocosingo, Manuel Velasco Coello le dice que ante el hostigamiento le pondrá una cámara de vigilancia en tu casa. Pero ella ni siquiera tiene energía eléctrica y se le explica, pero insiste que esa es la medida cautelar que puede dar.
Después el Estado de justifica señalando que sí ofreció una posibilidad pero que no se aceptó. “No hay una lectura de los riesgos que viven los defensores y defensoras de Derechos Humanos y las medidas que se deben implementar.
En ese sentido, al gobierno de Chiapas no le interesa el tema de defensores de Derechos Humanos, de manera particular para Velasco Coello no es uno de sus temas prioritarios, creo que su tema prioritario es su figura pública y política y estar presente en medios. Y lo que sucede con los Derechos Humanos en Chiapas no le interesa”, asegura.
Además, asegura que Chiapas tiene como característica principal la defensa de su territorio por parte de gran cantidad de comunidades indígenas. Por que, “sí existe un gran interés, económico, político y empresarial, para la explotación de estos recursos. Entonces es lógico que hayan mayor número de agresiones al mismo tiempo que defensa”.
En la entidad, lo que prevalece son las amenazas, indica, que son de muerte, así como el uso del sistema jurídico para imputar falsos delitos, que lleven a los defensores hasta a ser acusados de homicidio o de algún grave delito que no le permita salir en libertad. “También se deben incluir la discriminación por medio de las agresiones físicas, verbales, por el simple hecho de ser indígenas o por ser mujeres y además defensoras de Derechos Humanos. Con ellas también existen amenazas de carácter sexual”.
En suma, el activista señala que los defensores en Chiapas son tratados como delincuentes, por parte de las autoridades, como si defendieran delincuentes o como si se opusieran al “progreso” del estado o el “desarrollo” de la entidad. Por lo que muchas veces incluso, usan los medios de comunicación para deslegitimar el trabajo de los defensores.

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