A un año de la DAVG, Chiapas incumple medidas para atender violencia contra mujeres: OSC

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Por Redacción Revolución

Organizaciones civiles integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Chiapas (DAVG) dieron a conocer que a casi un año de ordenarse la implementación de las medidas que derivan de la Declaratoria oficial, el Estado incumple atender violencia de género en Chiapas.
“Como es de conocimiento general, el 18 de noviembre de 2016, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; también estableció acciones específicas para los municipios indígenas de la región Altos de Chiapas: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalho, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.
En ese sentido las organizaciones peticionarias hemos insistido de manera reiterada, pública y oficialmente, que esta determinación es parcial ya que la Declaratoria debe ampliarse a todo el estado de Chiapas debido al contexto de creciente violencia contra las mujeres que las organizaciones civiles estamos documentando y como una demanda urgente de familiares de víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida”, señalan.
Desde el 20 de enero de 2017, fecha en que se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) “hemos observado con preocupación que los representantes del Gobierno de Chiapas han politizado la Declaratoria para impulsar candidaturas, afianzar puestos políticos y justificar la reorientación de presupuestos públicos. En las mesas de trabajo para operar la implementación de la Declaratoria se ha expresado el carácter patriarcal y machista con el cual los servidores públicos abordan las medidas para erradicar la violencia hacia las mujeres”.

Argumentan que, de la dilación injustificada para la implementación de las medidas han dado cuenta en diversas denuncias públicas, por ejemplo que seis meses después de la Declaratoria se instalaron cuatro mesas de trabajo que son: la de Coordinación con los municipios en los que se dictó la AVG, Coordinación con los 16 municipios de la Zona Altos, Atención de medidas relacionadas con el sector salud y Seguimiento de casos, mismas mesas que hasta hoy no han operado las medidas recomendadas.
A casi un año de haberse declarado la AVG para Chiapas, las mesas de trabajo no han funcionado como se acordó en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), no hay resultados concretos y adolecen en su funcionamiento de un plan y programas que permitan monitorear y evaluar los avances, retos y retrocesos en la implementación de acciones, se ha señalado.

“De igual forma, ha sido evidente la falta de poder de convocatoria del Ejecutivo Estatal, dado que a la fecha no ha podido reunir a todos los alcaldes de los Ayuntamientos indígenas de la zona Altos para informarles de manera sustancial el significado de la Declaratoria de AVG y las acciones que deben implementar para, por lo menos, detener la violencia sistemática contra mujeres y niñas indígenas”.

Por lo que quienes integran la Campaña Popular externaron que su presencia en las mesas de trabajo que impulsa el Gobierno de Chiapas, “ha representado una lamentable pérdida de tiempo dado que hemos observado la existencia de una coordinación carente de metodología y conocimientos sobre género, derechos humanos, interculturalidad y multiculturalidad, aunado al desconocimiento del contexto prevaleciente en el estado. Esta situación refleja la carencia de los perfiles académicos y experiencia teórica-práctica requerida para impulsar, direccionar y dar contenido a las medidas necesarias para proteger la vida de las mujeres en Chiapas”.

“Un impedimento mayor en esta primera etapa ha significado el papel que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado (FGE) al jugar un papel de juez y parte como entidad responsable de coordinar la AVG para Chiapas y ser una de las instituciones señaladas en violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia; insistimos en que sea la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas quien asuma la responsabilidad de coordinar la implementación de la DAVG.
Derivado de esta caótica situación, hacemos de conocimiento público que las Peticionarias han determinado NO ASISTIR más a las mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Chiapas, a través de la Fiscalía General del Estado, por incumplir de manera reiterada los acuerdos que permitan la implementación urgente y seria por parte de las autoridades involucradas”, indicaron.

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