A dos años de condena histórica de la ONU por tortura a 4 jóvenes; “la CNDH bloquea la justicia a favor del Ejército”

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Por Emma Martínez

(13 de octubre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 29 de septiembre un Juez Federal emitió una sentencia de amparo que ordena a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregar a las víctimas de la Recomendación 33/2015, las copias gratuitas del expediente de seguimiento de dicha recomendación, información que había sido negada por el organismo público nacional de los derechos humanos.

En junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez (de 24 años), Rodrigo Ramírez Martínez (de 26 años), Orlando Santaolaya Villareal (de 23 años) y Ramiro López Vásquez (25 años), fueron convertidos por el Ejército en integrantes del crimen organizado. Frente a más de una veintena de medios de comunicación, se les condenó al desprecio social, asegurando que les fueron decomisados un considerable arsenal en rifles de alto poder y más de 14 mil proyectiles.

Sedena aseguró que a los “secuestradores” se les incautó 17 rifles entre AK-47 conocidos como “Cuerno de Chivo” y AR-15 calibre 223, tres pistolas escuadras 9 milímetros, 278 cargadores, 14 mil 662 tiros útiles, 27 chalecos antibalas, algunos de ellos con camuflaje tipo militar, así como 14 cascos “Kevlar”; dos esclavas de oro una de ellas con el apellido “Ramírez”, 271 dólares en efectivo, 13 placas antibalas, una vagoneta Land Rover, un pick up Ford y un automóvil Mitsubishi, todos ellos de modelo reciente que utilizaban para “delinquir” en el municipio de Playas de Rosarito y Tijuana. Para finalmente, hablar de delitos imputados como la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, robo de vehículos, posesión de armas y delitos contra la salud.

A finales de 2015, en una circunstancia inédita e histórica en México, se dio a conocer la determinación tomada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, la cual condenó a México por las torturas cometidas contra cuatro jóvenes por parte de elementos del Ejército en Baja California en aquel año.

La recomendación emitida en octubre de 2015 por hechos de tortura, instó al Secretario de la Defensa Nacional y a la Procuradora General de la República a colaborar en la investigación y sanción de cuerpos castrenses y ministeriales que participaron en la detención arbitrara, simulación de pruebas y tortura cometida en contra de los civiles.

Cabe señalar que el acceso a las copias del expediente de seguimiento es la única herramienta con la que cuentan las víctimas para determinar si se ha cumplido o no las recomendaciones dictadas a su favor por el organismo autónomo nacional de derechos humanos. 

Por esta razón, en mayo de 2016, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), como representante de las víctimas, solicitó la expedición de una copia del expediente de seguimiento de la resolución. No obstante, hasta un año después la CNDH contestó que daría la copia, pero suprimiendo cierta información bajo un argumento de confidencialidad de la misma y condicionando su entrega a un pago por su expedición.

Por lo que, ante dicha respuesta, las víctimas y sus representantes presentaron demanda de amparo por considerar que la CNDH “violaba los derechos humanos de acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre el cumplimiento a la Recomendación 33/2015 dictada hace dos años”.

Este caso le correspondió conocer al Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien emitió sentencia el 29 de septiembre pasado concediendo el amparo a favor de las víctimas.

La resolución resulta indispensable para el reconocimiento de los derechos de las víctimas, ya que, “determina que la CNDH es autoridad en caso de expedición de copias y expedientes, determinando así, que es posible acudir al juicio de amparo contra actos de la CNDH que vulneran derechos humanos. 

Esta determinación es una postura del Poder Judicial quién, en los últimos años, había considerado que, por su propia naturaleza, las actuaciones de la CNDH no podían ser revisadas a través del juicio de amparo, lo que había generado que acciones que pudieren ser contrarias a la constitución y los derechos humanos fueran desechadas por la autoridad encargada de la administración de justicia”.

Además, el órgano judicial subraya las obligaciones que tiene la CNDH en relación con trasparencia y el derecho de acceso a la información; reconoce que los argumentos presentados por la CNDH para restringir la información son poco claros y contrarios a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo que ordena que la autoridad revise de nueva cuenta y conforme a la ley si la información es de carácter confidencial o no y, en caso de serla, deberá explicar cuáles son las razones para considerarla así. De igual modo, en la sentencia se ordena que las copias deberán ser entregadas a las víctimas de manera gratuita.

Es por ello, que desde la CMDPDH urgió a la CNDH a refrendar su compromiso con el respeto a los derechos humanos, con las obligaciones de transparencia y los derechos de las víctimas, entregando las copias de los expedientes solicitados por las víctimas, sin cobro alguno. Tal como lo indica la sentencia de amparo, esta información es indispensable para el avance de los distintos procesos que actualmente las víctimas están llevando en su búsqueda por justicia.

Tanto el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés) como la propia CNDH han determinado que agentes del Estado violaron los derechos humanos de los 4 civiles al cometer actos de tortura en su contra

Fue el 25 de noviembre de 2015, cuando el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de Nayarit emitió sentencia absolutoria a favor de las 4 víctimas de tortura y ordenó su inmediata libertad. Sin embargo, hasta el momento no ha sido determinada la investigación que llevaría a los probables responsables de cometer tortura.

“Vivimos en una constante hecatombe de violencia en este país. Declaran inocentes a cuatro víctimas de tortura, se dio a conocer que durante horas, muchas horas fueron torturados es inexplicable como sobrevivieron. Es después de seis años cuando la ONU condena este hecho, se les otorga libertad y es ahora mismo la CDNH la que está bloqueando la justicia para quienes padecieron violaciones múltiples a sus derechos humanos”, señala la activista Anastasia Prado, a Revolución TRESPUNTOCERO.   

Dos años han pasado, agrega, después de la condena que emitió la ONU sin embargo, hasta ahora ni siquiera se conoce en qué punto va el caso. Si se ha avanzado o se está en el mismo punto de 2015. Porque la misma CNDH no quiere entregar documentos, o los está condicionan con un pago, que dicho sea de paso, no garantiza que todas esas copias tengan al descubierto datos relevantes. 

“Pareciera que la CNDH fuera el instrumento para bloquear la justicia a manera de favor para las fuerzas armadas, que les ha de ver costado muchísimo tener que aceptar públicamente que sí han cometido tortura, durante largas horas, no solamente en ese caso. Porque además la usan como estrategia para convertir a la sociedad civil en falsos positivos. 

Además, es irreal que se argumente que no se pueden entregar documentos a las víctimas porque se debe proteger la confidencialidad de las víctimas mismas, de los hechos que cometieron en su contra en el camino de lucha por la justicia. Dicen por ahí que vivimos en el mundo ‘al revés’. Aquí hasta el órgano nacional sigue torturando a las familias y los agraviados”, comenta la defensora de Derechos Humanos.

En tanto, un familia de una de las víctimas, quien prefirió mantenerse en el anonimato señala a Revolución TRESPUNTOCERO que, “no podíamos creer pero sí, la CNDH viola los derechos humanos también, eso también nos ha tocado padecerlo a nosotros.

Ya no tenemos en quién confiar. Porque es una Comisión al servicio del gobierno, en este caso al servicio de las fuerzas armadas. Por lo que hemos decidido ejercer cualquier tipo de estrategia legal para defendernos, porque no podemos quedarnos sin hacer nada”, por lo que indica que ya interpusieron una demanda de amparo.

Esperando que el regulativo salga a su favor y obtener los expedientes, sin costo alguno y esperando “sean legibles y vayan a bloquear nuevamente el caso, llevando más del 80% de la documentación a estar tachada en negros, como suelen hacerlo y que además ya han advertido.

Realmente esperamos que no se interponga un recurso en contra de la sentencia de amparo, porque sería un bloqueo más. Que aun cuando tengo la esperanza en que ya se permita avanzar, con órganos que apoyan al Estado, difícilmente puedo tener confianza”, comenta el familiar. 

Y reitera, “nunca pensamos que quienes detendrían la búsqueda de justicia sería la CNDH. Que viola los derechos humanos al no querer expedir las copias y expedientes, por eso somos convencidos que la CNDH vulneran derechos humanos”.  

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