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Luego del terremoto del 19 de septiembre pasado, se evidenció la calidad de las obras construidas en el sexenio de Rafael Moreno Valle (2011-2016). Y es que el sismo dañó severamente 20 centros de salud y 17 hospitales, al igual que dos de los siete inmuebles del Poder Judicial, dos casas de justicia, dos arcos de seguridad y el Centro Integral de Servicios (CIS), se ha informado.
Precisamente, en este último se encuentran edificios gubernamentales, entre los cuales están las oficinas particulares del gobernador actual, Antonio Gali Fayad. El cual costó 3 mil 400 millones de pesos y se erigió en la zona Angelópolis, la de mayor plusvalía en la capital poblana.
De acuerdo con La Jornada, “la Secretaría de Salud del estado –que encabeza Arely Sánchez Negrete– oculta la lista de los inmuebles remodelados en el sexenio morenovallista, y dañados por el sismo. La oficina de Comunicación Social de la dependencia sólo confirmó que entre los hospitales con daños mayores se encuentran el del municipio de Izúcar de Matamoros y el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, en Atlixco”.
También se ha señalado que, “en el sexenio de Moreno Valle se rehabilitó toda la red hospitalaria en Puebla y se acusó que el entonces secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, tejió una red de corrupción en torno a dar mantenimiento y ampliar las unidades médicas en la entidad”.
En tanto, de acuerdo a información de medios locales, “el modo de operar era derribar y después sustituir los edificios por los llamados Centros de Salud con Servicios Ampliados, con los que se habría provocado un quebranto por 165 millones de pesos”.
En total se construyeron 25 centros de salud por los que se pagaron mil 139 millones de pesos, lo que indica que en promedio cada uno tuvo un costo de 45 millones de pesos.
Además, usuarios de redes sociales han denunciado las afectaciones, principalmente en muros y techos de hospitales, puntualmente en el de la Mujer de Tehuacán; el Hospital para el Niño Poblano de la capital, al igual que en dos de los siete inmuebles del Poder Judicial del estado, donde no existen condiciones para reanudar actividades.
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