Se mantiene lucha contra gobierno y legisladores deshumanizados; Ejército por encima de cualquier ley: activistas

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(09 de septiembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Los integrantes de la Campaña Nacional contra la desaparición forzada en México exigieron a la Cámara de diputados que, “en este periodo de sesiones, trabaje en la integración de diversas observaciones y exigencias que aún se tienen con respecto a Ley General contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares”. 

Además, señalan que es necesario que realicen las adecuaciones pertinentes a esta Ley, si en realidad hay voluntad política para acabar con la impunidad y garantizar realmente el acceso a los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de este grave crimen.
En el mes de abril, como Campaña, hicieron pública su negativa de avalar la Ley General que se aprobó en el Senado, debido a que aún existen serias deficiencias en el Dictamen, indicaron. 

“Denunciamos que mañosamente se pretendió engañar a las familias haciéndolas creer que se integrarían todas las exigencias que se trabajaron en las mesas, de las cuales, si bien algunas fueron retomadas, solamente fue de nombre, más no de fondo. 

Dando como resultado un Dictamen alejado de las exigencias de las familias y de muchas de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos”.

A su vez, indican que, “la Ley General tal y cómo está elaborada no permitirá ver un cambio real de la situación que hoy se vive en México a consecuencia de la impunidad que prevalece desde hace más de 40 años y de la falta de acceso a la verdad y justicia en los casos de desaparición forzada”.
Se ha observado, señalan, que en el actual sexenio se ha incrementado la criminalización, la represión política, de las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas; lo cual pone de manifiesto y de manera más clara que estas graves violaciones a los derechos humanos no son hechos aislados, sino que forman parte, lamentablemente, de una política de Estado, argumentan.

Día con día desaparecen al menos 10 personas en el país y, “oficialmente”, se reconocen más de 32 mil personas desaparecidas. Por lo menos, desde el sexenio de Felipe Calderón y contemplando el actual encabezado por Enrique Peña Nieto, se ha denunciado que podrían ser miles más que no están registradas en ninguna base de datos y una cifra “negra”, que se podría también contar por miles, señala el conjunto de organizaciones. 

Ya que, aseguran, “muchas familias no denuncian por miedo, por ello no podemos permitir que nos quieran imponer una ley hecha a modo y que no sirva en los hechos para erradicar este flagelo”.
De acuerdo a la activista, Sofía Haro, “difícilmente se logrará incluir las peticiones de las familias, porque lamentablemente todas estas acercan al ejercicio de la justicia, que haya sanción y esto iría contra las fuerzas armadas, quienes aplican la política del terror.

La mayoría de los legisladores sirven al gobierno y la verdadera oposición es poca, no les alcanza. Y de pasar habrá una serie de inconsistencias, es decir ‘aunque sea esto’, porque la realidad es que la Marina y el ejército están por encima de cualquier ley. Acaso no se ha visto durante tantos casos de violaciones a derechos humanos”, señala a Revolución TRESPUNTOCERO.
Y añade que, existe una grave protección a los elementos de las fuerzas armadas y una dura revictimización de los agredidos, en donde las agresiones se extienden a las familias, a quienes las autoridades encargadas de impartir justicia “en tantas ocasiones los amenazas, los presionan o los cansan con investigaciones estancadas para que simplemente abandonen el caso”. 

“Es complicado que una víctima de desaparición forzada viva, pero de hacerlo el trauma y el miedo será tan inminente que no va buscar justicia, posiblemente quiera escapar y esconderse. Entonces sancionar sí, pero más que eso prevenir. Que no les pase. 

Por lo que por ahora se mantiene la lucha contra un gobierno y legisladores en su mayoría deshumanizados, que pueden escuchar en voz de las víctimas más de 30 horas de lo que les sucedió mientras eran torturados posteriormente a su desaparición y la brutalidad continuará ante su desinterés”, indica. 
Además de puntualizar, que existe y desde hace años, una gran deuda de justicia en los casos de desaparición forzada de personas en México. “Posiblemente sea eterna. Posiblemente un nuevo gobernante de este país, ponga en primer lugar al pueblo y no a la violación a derechos humanos”. 

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