ONU exige a gobierno de EPN investigar bajo la clasificación de graves violaciones a DH, masacres de migrantes en Tamaulipas y NL

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió que el gobierno de EPN investigue exhaustivamente y bajo la clasificación de graves violaciones a los derechos humanos, las masacres de migrantes en Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012.

En este contexto, la organización criticó que después de tantos años “no haya aún personas sancionadas”.

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares incluyó en un informe su “profunda preocupación sobre las graves irregularidades en las investigaciones para identificar a los responsables y las víctimas de las masacres”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reconoció en junio pasado que esta masacre debe ser calificada como una “grave violación de derechos humanos”.

Cabe recordar que, en agosto de 2010, en Tamaulipas, 72 migrantes centroamericanos fueron asesinados por miembros del crimen organizado -presuntamente del cártel de los Zeta- con la aparente complicidad de policías locales.

Mientras que entre abril y mayo de 2011 fueron encontrados los cadáveres de otros 193 en ese mismo municipio, a los que se sumaron los 49 cuerpos localizados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012.

El Comité de la ONU observó, en su informe sobre la situación en México de los migrantes y trabajadores inmigrantes, que el Estado enfrenta “numerosos e importantes desafíos” en cuanto la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, debido a que es país de origen, tránsito, destino y retorno.

Por este motivo, manifestó su preocupación ante el “impacto extremadamente grave de la desaparición forzada de personas migrantes y mexicanos en tránsito”, así como por los “altos niveles de violencia de género, especialmente en la frontera sur”.

De igual manera a las “alegaciones sobre la participación de autoridades públicas, particularmente policías federales, estatales y municipales” en delitos relacionados con los migrantes y a “la alta impunidad”.

Los expertos de la ONU consideran como lamentable también el aumento “significativo” de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos expulsados, y le inquieta que el “retorno voluntario y asistido” sea aplicado cuando las personas están privadas de su libertad, sin asistencia jurídica ni información adecuada, y sin alternativas para su regularización.

Por estas razones, pide institucionalizar el diálogo con las ONG y activistas y ampliar la participación a organizaciones mexicanas en el exterior, especialmente en EU, y a comités de familiares de migrantes de Centroamérica.

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