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Ministeriales torturan a mujer de 18 años para autoinculparse; le dañan gravemente el cerebro y le dejan secuelas
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(12 de septiembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Andrea fue detenida en 2015, cuando se encontraba en casa de una amiga. Un grupo de más de cuatro policías la detuvieron de manera arbitraria. Después de esto, fue torturara físicamente con tal que aceptara ser culpable de portar armas y poseer drogas como narcomenudista.
La joven, en aquel momento, de 18 años, se negó a aceptar delitos que nunca habría cometido, por lo que se dio paso a la tortura sexual por parte del mismo grupo. En tanto, los golpes constantes en su contra, le dañaron gravemente el cerebro, dejando secuelas. Y finalmente no solamente firmó una declaración donde se auto inculpó. También grabó un video asumiendo que había portado armas de manera ilegal y también era narcomenudista.
En un segundo caso, la tortura también alcanzo a un hombre de 60 años, a quien los agentes ministeriales acusaron de extorsión. Quien también firmó una declaración donde se autoinculpó así como también grabó un video.
“El caso más reciente es el de Andrea en 2015; el del señor ocurrió en el 2011. Básicamente ambos son detenciones arbitrarias, en ambos casos fueron perpetrados por agentes ministeriales quienes están investigando algún tipo de delito; en esta ocasión investigaban un homicidio en el caso de Andrea, a quien después la acusaron de narcomenudeo y armas.
Como son detenciones arbitrarias no cuentan con ningún tipo de orden de aprehensión. Los métodos de tortura coinciden con todo este contexto que se vive en Ciudad Juárez, donde son los policías quienes ejercen la violencia. Es así como en ambos casos los dos son torturados para motivar la auto incriminación”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO Carla Palacios Flores, abogada la Centro de Derechos Humanos del Paso Norte.
La abogada, quien es la defensa en ambos casos, indica que Andrea en estos momentos está en prisión, mientras que el señor está en arraigo. En el caso de ella apenas se está iniciando el juicio oral por el narcomenudeo. A los dos le practicaron el Protocolo de Estambul, siendo positivo para ella y para él.
“Para nosotros como defensa los obstáculos son los criterios de los jueces, en cuanto al protocolo de Estambul. Ellos simplemente lo ocupan para desechar pruebas sin embargo no hay un seguimiento verdadero para el delito. Si se logra aceptar la tortura, se le da aviso al ministerio público. Se entrega una carpeta que muchas veces no es abierta, hay un número de carpeta pero no una investigación de la tortura”, indica Flores.
Por lo que señala que, las autoridades deberían de estar previniendo la tortura y haciendo algo en beneficio de quienes fueron ya torturados. “No es posible que sea suficiente una declaración ante una evidente tortura. Además, cuando se juzga no solamente debe ser a los autores directos sino también a los intelectuales.
Y eso sabemos que son: fiscales, coordinadores de unidades; en ambos casos se tiene identificados a los agentes aprehensores, incluso tienen abiertas otras carpetas de investigación por el mismo tipo de delito que es la tortura, pero sin ser juzgados sigue laborando.
A partir de la semana el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte estará acompañando de manera jurídica los dos casos, “en los que creemos firmemente la existencia de tortura y tortura sexual como práctica de investigación de delito en Ciudad Juárez Chihuahua”, se informó.
En este contexto, en base al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos publicado por el Supremo Tribunal de Justicia de la República “exigimos y recordamos a las autoridades judiciales correspondientes su obligación de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos y consecuentemente adoptar una postura asertiva para combatir a la tortura”, se informa.
Por lo que señalan que la organización estará al pendiente de los procesos judiciales y el desahogo de las pruebas en los correspondientes juicios orales así como observar las actuaciones de los jueces del Poder Judicial del Estado pretendiendo que apliquen de manera oficiosa el control de constitucionalidad para asegurar el derecho de todas las personas a vivir libres de tortura y otros malos tratos.
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