Juez determina que PGR realice búsqueda de desparecido, que fue detenido por policías de Veracruz

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By Redacción Revolución

“Una juez de amparo determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe realizar una investigación efectiva, apegada a estándares internacionales y protocolos de búsqueda, para encontrar a Christian Téllez Padilla, quien fue víctima de desaparición forzada cometida por policías intermunicipales de Veracruz en octubre de 2010”, informó la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), quienes dan acompañamiento y representación a la familia del joven desaparecido.

Además, indicó que “al otorgar el amparo, la juzgadora establece claramente la obligación de la autoridad ministerial (PGR) de implementar las diligencias previstas por el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, publicado por la propia dependencia federal.

La resolución de la juez señala que “pese a que dicho protocolo surgió en junio de 2015 pudieron realizarse aquellos procedimientos de las fases posteriores a éste para tratar de esclarecer el hecho denunciado y cristalizar así el deber de la institución ministerial de investigar de manera seria, imparcial y efectiva los hechos puestos en su conocimiento”.

El 26 de octubre de 2010, Téllez Padilla, estudiante de ingeniería industrial en la Universidad del Golfo de México, fue detenido por elementos de la policía intermunicipal de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán mientras viajaba en su auto, se ha informado.

Desde ese día nunca más se volvió a saber de él. Por lo que su familia acudió con el director de la corporación policiaca, Juan Carlos Novoa Torres, quien les aseguró que “el joven no había sido detenido por los intermunicipales. Sin embargo, al siguiente día varios diarios estatales publicaron que esa policía había sido atacada por sicarios que se hacían pasar por estudiantes, pero lograron detenerlos”.

Por lo que la madre de Christian, María Eugenia Padilla García, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz, la cual pasó un mes después a la PGR. Y ha señalado que “ambas dependencias han perdido teléfonos y nombres de posibles implicados que la familia ha proporcionado para las indagatorias. Además, ella y sus parientes han sido amenazados por elementos ministeriales”.

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