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De acuerdo con la investigación periodística realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político, el Gobierno de Enrique Peña Nieto habría desvíado ocho mil millones de pesos entre 2012 y 2014 a través de 128 empresas fantasmas.
La investigación nombrada “La estafa maestra; graduados en desaparecer dinero público” se realizó a partir de la revisión de las cuentas públicas de 11 dependencias de Gobierno, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banco Nacional de Obras (Banobras) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según Miriam Castillo, una de las tres periodistas que realizó este trabajo, existen sistemas ilegales, o que van incumpliendo situaciones como los convenios entre gobiernos y universidades, además de las irregularidades que comienzan cuando éstas subcontratan a otras empresas.
11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, participaron en la entrega de contratos ilegales, por un total de 8 mil 670 millones de pesos. “Se está pagando un sobreprecio porque las universidades lo que hacen es servir de intermediarios y se quedan con una comisión de entre el 8 y el 10 por ciento y la comisión de estas ocho universidades fue de mil millones de pesos, es decir solamente por servir en el convenio lo cual es mucho más de lo permitido en la ley. “.
Se detalló que, aunque no se ha encontrado un gran operador de este modus operandi, se trata de un sistema que se repite y su mayor actuación ha sido en los últimos dos años. Fue de 2012 a 2016 que se firmaron dos mil 61 convenios por 31 mil 688 millones de pesos y aunque no son irregulares todos se ha encontrado un sistema
“La Auditoría ya tenía detectados estos convenios y estas prácticas irregulares y lo que hicimos fue revisar a las empresas que estuvieron contratadas en 2013 y 2914 y lo que encontramos es que de las 186 empresas que participaron en estos convenios firmados en específico con estas dependencias, 128 son empresas fantasma, no están en los domicilios, no cuentan con acta constitutiva, no están con sus declaraciones ante el Sistema de Administración Tributario (SAT)”, detalló.
Asimismo, indicó que se hicieron visitas domiciliarias a las empresas para confirmas que no existen físicamente, debido a que no cuentan con infraestructura por lo que no tienen la capacidad de realizar las tareas para las que fueron contratadas.
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