“EPN un represor que ejerce terrorismo”; en su sexenio 106 activistas ejecutados extrajudicialmente y 81 desaparecidos

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(06 de septiembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “El sexenio de Enrique Peña nieto ha sido mortal para los defensores de Derechos Humanos, además los crímenes que les han arrebatado la vida quedan impunes. Vivimos en una nación donde el pueblo aún sigue manteniendo a los asesinos en el poder, lamentablemente”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, la especialista en movimientos sociales, Adriana Vázquez.
Quien asevera que, “la política del PRI ha sido la represión durante todos los años de su existencia en el poder, Peña Nieto no tendría porque sorprendernos que no lo fuera. Tenemos Atenco para recordar que quienes votaron por él, eligieron a un represor que ejerce terrorismo como medida de control de la población.
Es por esto que, los defensores de derechos humanos en México siguen sufriendo violaciones a derechos humanos, por defender los de otros. Es decir, si me retas intentando salvaguardar la vida e integridad de un indefenso te mueres, o alguien de tu familia desaparece o algo te sucede. Así funciona esa política de Estado”, añade la experta.
Vázquez asevera que se podrían presentar planes de trabajo, protestar tomar cualquier tipo de medida, en defensa de los derechos humanos de todas las personas afectadas o vulnerables, sin embargo, “no puedes decirle a tu verdugo que cambie ese modo de operar, si es precisamente la manera en que actúa porque es como le conviene y le da resultados. 
Nunca se ha logrado ganar grandes retos. A las organizaciones se les otorga pequeños triunfos a cuentagotas, cuando son precisamente ellos quienes tienen la razón absoluta pero en este país, justamente por eso es que los mandan matar. Si estorbas al gobierno significa que algo muy malo y hasta mortal te sucederá, porque así es México, ese que hemos permitido”, indica. 
“Un defensor de derechos humanos, en muchas ocasiones antes de ser ejecutado, se le lanzan señales tales como: hostigamiento, campañas de desprestigio, amenazas, detenciones arbitrarias y a partir de ese último punto seguirá la tortura que lleve a la muerte o te otorgue condena de varios años en prisión, cortesía del Estado por serle incómodo”, indica. 
Este martes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) que aglutina a 84 organizaciones de 23 estados del país, ha realizado el informe “La esperanza no se agota”, en el que documenta la situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. 
De acuerdo a la información, resaltan una de las más graves problemáticas dentro del contenido, que es la documentación específica de 106 ejecuciones extrajudiciales y  81 desapariciones de personas defensoras del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017. A decir por estas cifras, se señala que “con mucha claridad se desprende un grave y constante incremento en los casos y eventos en el país”.
Además, se indica que, “durante los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Red TDT registró 862 eventos contra personas y colectivos que han sido objeto de violaciones a los Derechos Humanos (VDH) y delitos por su labor de defensa, en 30 entidades federativas”. 
“Podemos afirmar que los actos contra las personas y colectivos que defienden los derechos humanos por su labor, constituyen una práctica generalizada en el país lo que refleja la inacción o falta de voluntad del Estado para proteger a las personas defensoras y el incremento del riesgo para éstas”, ha señalado la Red TDT.
Pero la situación en realidad resulta aún más grave, se indica, pues más allá de la omisión estatal, “está documentado un importante número de casos en donde los perpetradores son de origen estatal e involucran a los tres niveles de gobierno. 
Los gobiernos estatales son los que más alta frecuencia tienen en las VDH de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos. El gobierno federal como perpetrador representa el 32% (220) de los eventos registrados. Por su parte los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141)”.
El gran número de agresiones, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, “tiene un irreparable costo personal para ellas y para toda la sociedad en general. Estas cifras resultan alarmantes durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto y contradicen los avances formales en el reconocimiento de derechos humanos”.
Las organizaciones que constituyen la Red TDT, agregaron, “recordamos que el Ejecutivo Federal tiene la principal responsabilidad en el establecimiento de garantías para la defensa de derechos humanos en el país, incluyendo reformas estructurales que hagan frente a las situaciones que generan riesgo para las personas defensoras de derechos humanos.
En un contexto en el que el derecho a defender derechos humanos se encuentra en peligro, y con ello, el derecho de la sociedad a la garantía de vivir una vida digna, llamamos al Estado mexicano a responder formalmente a las inquietudes que genera el presente informe, pero sobre todo a tomar acciones decididas que protejan efectivamente a las personas defensoras”.

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