“Desde esa noche duermo con mi hija que no puede caminar bajo un árbol”; daños por terremoto mayores a los reportados por EPN

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(18 de septiembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Existe una falta de coordinación interinstitucional en todas las zonas de desastre y no se actúa de manera pronta. En contraste, existe amplia presencia militar y de la policía federal en las diferentes comunidades visitadas, fue una de las conclusiones, luego que siete organizaciones expertas de la sociedad civil conformaron una Misión de Observación Humanitaria (MOH) a Oaxaca, luego del sismo del pasado 7 de septiembre.
De acuerdo con lo explicado a Revolución TRESPUNTOCERO, por parte de Juan Antonio López, abogado y Coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, las organizaciones se dieron a la tarea de documentar las distintas anomalías y ahí, “nos dimos cuenta que, por ejemplo, los presidentes municipales estuvieron utilizando la ayuda que llegaba desde la sociedad civil, que fue la primera en responder a esta tragedia, incluso desde la semana pasada todavía continuaba.
Documentamos que al llegar camionetas con despensas, que no conocían a nadie de las comunidades, eran recibidas por policías municipales y les pedía que las despensas las llevarán directamente a casas particulares, donde tenían centros de acopio los presidentes municipales, que improvisaron con la única finalidad que fueran ellos los que repartiera las despensas, mientras decían que todas las despensas eran de parte del Ayuntamiento y no de la sociedad civil”, explica.
Otra anomalía que identificaron, puntualmente en la comunidad de Ixhuatán, era que los albergues tenían un partido; el PRI tenía uno y el PRD otro y así otros partidos. Por lo que cuando llegaban las camionetas con apoyo de la ciudadanía les preguntaban “con qué partido quería irse. Dependiendo de lo que eligieran, las despensas eran entregadas directamente como un apoyo del partido. Esto pensando que el año que entra habrá elecciones municipales en Oaxaca”.
De acuerdo a lo observado por la MOH, el daño a la región es mayor del que se ha podido documentar o qué ha podido decir al gobierno que existe. Los números a veces son muy fríos, comenta López; “nosotros visitamos distintas comunidades y detectamos, sin ser expertos, que hay secciones completas en las que sus casas están destruidas y si no se cayeron se van a tener que demoler”.
Como la casa de María, quien comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que desde la noche del sismo, duerme ella y su hija, quien no puede caminar, bajo un árbol. “Hemos recibido despensas, una bolsita diaria pero aquí nadie ha venido a ver nuestra casa, a la que no entramos porque parece que en cualquier rato se cae, es como si fuera completamente de polvo”.
María tiene poco más de 75 años, y su hija Margarita con el tiempo dejó de caminar a causa de una enfermedad que deterioró sus huesos. De eso ya tiene más de 10 años. Por lo que el día del sismo, fue muy difícil lograr sacarla, puesto que solamente vivían ellas dos en la casa.
“Lo sentimos muy fuerte porque de inmediato el techo comenzó a deshacerse, caía el polvo. Como pude logré sacar a mi hija, me es imposible cargarla, así que tuve que arrastrarla. La casa no se cayó pero puede que pase uno de estos días.
No creo que el gobierno venga ayudarnos. Nos dejan un poco de comida, nos ven sentadas aquí bajo un árbol, pero nadie viene y tampoco nos preguntan qué les pasó a nuestras casas. Aquí también los vecinos están así. No sabemos dónde vamos a vivir. Tenemos mucho miedo y mucha tristeza”, declara la mujer llorando.
López comenta que en distintas comunidades, hay calles conformadas por 12 o 14 cuadras, en las que de ambos lados van a tener que derribar todas las casas, “si cada cuadra tiene aproximadamente de cinco a 10 casas. Estamos hablando de un daño impresionante”.
Hay regiones como San Mateo del Mar que prácticamente todas las casas quedaron inservibles, comenta. También menciona Unión Hidalgo, que durante un primer censo que realizaron los mismos damnificados se habló de mil casas, pero ahora parece que hay un número “más o menos oficial” que es de más de mil 100 casas, todas éstas dañadas y que deberán ser demolidas.
Esto ha provocado que las personas ya no duerman en sus domicilios; “se han instalado en la calle de alguna manera para continuar su vida, algunos tienen un comedor, hamacas o un anafre, pero hay quienes no tienen nada y están durmiendo sólo con una sábana y una almohada”.
En otras comunidades como Santa María del Mar “la población sale de la comunidad por las noches por temor. Ellos viven muy cercanos a la laguna y como el agua brotó del suelo, porque son casas que no tienen piso firme, ahora están inundadas.
Lo que profundizó los daños y podría hacer que se vuelvan a inundar o de plano caer encima de ellos mientras duermen. Por lo que su mayoría se traslada en la tarde noche hacia otras comunidades, llegan a albergues y otros espacios públicos, pasan la noche y al otro día temprano vuelven a su comunidad”, relata el abogado.
“En cuanto ascenso que se está realizando, lo que pudimos identificar hasta el jueves de la semana pasada, es que era un censo desorganizado y muy lento. Desorganizado porque de acuerdo a lo dicho por algunas autoridades a las comunidades, según comentaron los habitantes, cada comunidad tenía un ‘padrino’.
Por ejemplo de San Mateo del Mar su padrino era la Secretaría de Turismo. Están poniendo a una dependencia federal por cada comunidad, ejemplo en Juchitán tenemos a la Sedatu, en Unión Hidalgo tenemos a la Sener, estas secretarías están llevando a su propio personal a realizar los censos.
Pero esta gente no son ingenieros civiles, tampoco arquitectos, o mínimo técnicos capacitados como para poder determinar si una casa tiene un daño estructural o solamente es un daño aparente o superficial”, explica.
Además, se denuncia que, como ejemplo, en Ixhuatán se pudo observar que son los integrantes de los Ángeles verdes (los mecánicos de las carreteras), quienes están levantando el censo de daños.
Una queja recurrente que se encontró la MOH, fue que cuando el censo llega, quienes lo realizan prefieren solamente ver desde afuera. “Les dicen que pasen, que vean los daños y les responden que ‘mejor no’, porque ‘no sea que se vaya a caer’. Y lo que hacen es escribir lo que ellos creen que pueden ser los daños. Sin que les mostrarán a las víctimas del desastre cuál era del reporte”.
Es por esto que, asegura, los censos son lentos e inadecuados ya que López reitera, “no es personal calificado, ni siquiera tomaron un taller mínimo para saber cómo realizar un análisis de daños estructurales a las casas”.
En comunidades como San Francisco del Mar, la primera vez que recibieron un apoyo fue el miércoles pasado. Y fue por parte del seguro popular, quienes los examinaron, mientras que dos camionetas de los Ángeles Verdes dieron paso al censo. Pero en otras, se asevera “todavía no habían llegado los apoyos de ningún tipo”.
Por lo que se ha calificado la situación como grave, “las autoridades lo manejan como un hecho para el cual no se está preparado por ser algo tan terrible. Sin embargo el gobierno debería estar preparado para esta situación sobretodo que después del 85, hemos tenido planes y proyectos para atender una emergencia de esta índole sin embargo, efectivamente no hay una coordinación”, puntualiza.
Ya que, al preguntar quiénes coordinaban tanto censos como ayuda a damnificados la respuesta fue que: “nadie estaba coordinando. Cada dependencia hace lo que le toca hacer o como cree que lo debe hacer”. Por lo que reitera, “hay una descoordinación total tanto para atender la emergencia como para la repartición de despensas, la instalación de cocinas comunitarias.
En algunas localidades se puso un albergue donde la misma comunidad llevaba la comida, e incluso el presidente municipal de Unión Hidalgo aprovechó para ir a comer ahí las tres veces al día junto a su cabildo. En otros municipios no hay cocinas comunitarias.
En una de de las comunidades, el ejército llevó una cocina y la instaló en el domicilio desde donde despacha la presidenta municipal, pero como hay un conflicto al interior del pueblo porque no todos reconocen a esta persona, entonces nada más llegan a comer ahí los que están con ella. Lo que demuestra que el gobierno federal tiene un claro desconocimiento de la región y las comunidades. Lo que hace que el apoyo no esté llegando en las condiciones adecuadas”, puntualiza el abogado.
Así es como la MOH recorrió la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, atestiguando la falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona.
Las comunidades fueron: Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñe, San Dionisio del Mar, Pueblo Nuevo (Agencia Municipal de San Francisco del Mar), San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, afectadas por el sismo de magnitud 8.2.
El objetivo fue vigilar que la acción humanitaria se implemente bajo los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional que dictan los más altos estándares del derecho internacional humanitario.
Los hallazgos más relevantes de la Misión de Observación son: La ayuda humanitaria que ha llegado es deficiente e insuficiente. Las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo como el derecho al agua, a la alimentación y a la salud, entre otros, no han sido cubiertas. Adicionalmente, los esfuerzos de acopio y entrega de víveres desde la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento y, en algunos casos, el acopio ha sido decomisado.
Los gobiernos federal y estatal han involucrado a diferentes instancias gubernamentales (como a las Secretarías de Energía y de Turismo y a la Comisión Nacional Forestal) que no tienen ni la capacidad ni la experiencia en este tipo de desastres para realizar diagnósticos de los inmuebles dañados.
Precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos políticos, algunos incluso recanalizan los víveres que llegan a la zona.
Algunas empresas privadas están jugando un papel protagónico en la respuesta, situación que no debería suplir las obligaciones del gobierno. Varias de estas empresas han tenido conflictos en algunas de estas comunidades por el desarrollo de megaproyectos y desconocemos si tienen las capacidades y el conocimiento para realizar las labores de respuesta bajo los más altos estándares del derecho internacional humanitario.
Por lo que las organizaciones señalan a los tres niveles de gobierno que tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y colocarlos en el centro de los esfuerzos de atención y respuesta, priorizando el derecho al agua y a un techo seguro para las personas afectadas por el sismo.
Además, piden que la entrega de ayuda humanitaria debe reconocer las diferentes necesidades de la población sin discriminación alguna, incluyendo a mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad y personas de origen indígena.
En tanto, “el gobierno federal debe iniciar las labores de reconstrucción en calidad de urgencia con un enfoque de prevención de desastres. Así como proveer a las personas de un refugio digno debe ser una prioridad, de lo contrario, esto podría provocar que la situación se agrave aún más dado que la temporada de huracanes termina hasta noviembre”.
Además, señalan que “esta situación de crisis se suma a las condiciones preexistentes de exclusión, desigualdad y pobreza en las que se encontraban muchas personas y comunidades de la región visitada”.

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