Con persecución legal contra obispo Vera, gobierno de Moreira rompió relación para buscar desaparecidos

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Dos semanas después que el obispo Raúl Vera López emitió un pronunciamiento ante la Corte Penal Internacional (CPI) el 5 de julio pasado, sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por la delincuencia organizada en Coahuila, al amparo del gobierno, recibió un citatorio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para declarar sobre el caso de dos curas pederastas ocurrido en 2014 y los señalamientos del gobernador Rubén Moreira Valdez acerca “que una supuesta omisión de la diócesis local que habría propiciado la huida de los responsables”.

Dicha acción fue tomada por 78 agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, como “persecución legal, hostigamiento y criminalización mediática” contra el prelado, a quien, por medio de un manifiesto, expresaron su solidaridad.

El 5 de julio Vera leyó en la CPI un mensaje de familiares de desaparecidos y representantes de organismos defensores de los derechos humanos en el que relató atrocidades de narcotraficantes y sicarios cometidas en Coahuila durante una década, informa La Jornada.

“Los hechos que los familiares han venido denunciando a lo largo de estos años ponen de manifiesto que los crímenes que se han cometido en Coahuila obedecen a un proyecto estructural que de manera sistémica y coordinada entre los agentes del Ministerio Público, las fuerzas de seguridad del estado, policías municipales, estatales y ministeriales (con la unificación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Seguridad Pública bajo una fiscalía, y la creación de fuerzas especiales de élite con mínima regulación de las autoridades estatales) han emprendido en los últimos años una política de agresión y terror contra la sociedad civil, con el propósito de ejercer un control criminal de la población y de los territorios”.

“En esta perversa política pública de gobierno en Coahuila se han asociado claramente los cárteles del crimen organizado que han actuado en coordinación con ambos gobiernos (el de Humberto Moreira, de 2005 a 2011, y el actual, a cargo de su hermano Rubén) que estamos denunciando, porque abiertamente se ha observado que han sido diferentes las fuerzas del crimen organizado que han predominado en uno y otro gobierno denunciados por crímenes de lesa humanidad en esta comunicación sobre México que presentamos ante la CPI.”

Dos semanas después, la diócesis a su cargo recibió un citatorio de la PGJE dirigido a Vera López para declarar sobre dos sacerdotes acusados de abuso sexual en 2014.

En este contexto, el gobernador priísta Rubén Moreira Valdez advirtió que “la tardanza” del obispo para declarar sobre los religiosos acusados de pederastia propició su huida.

“No me atrevería a decir que hubo cierta protección, pero creo que Raúl Vera, con su tardanza en declarar, permitió su huida (…) Dijo que conocía a varios pederastas y tenía que decir su nombre. Él se escuda diciendo que se los había enviado al Vaticano, al que ya solicitamos información”, señaló el mandatario.

La diócesis de Saltillo, la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, el colectivo Sí a la Vida, que se opone al vertedero industrial en General Cepeda, y diversos organismos de defensa de los derechos humanos consideran que “el gobierno del estado emprendió una campaña de persecución y hostigamiento contra Vera por lo que el obispo declaró ante la CPI”.

En un comunicado, los organismos de la sociedad civil exigieron a las autoridades desistir de su intento de criminalizar al obispo, pero la administración de Rubén Moreira negó que haya un plan para afectar al líder diocesano.
“La procuraduría reconoce la labor pastoral del obispo de la diócesis de Saltillo, fray Raúl Vera López, y destaca que haya proporcionado al Ministerio Público los nombres de los sacerdotes que son señalados por abuso sexual. No es una persecución política, como se ha querido tratar en algunos círculos de opinión pública. Al obispo se le citó en estricto apego a derecho para que proporcionara los nombres de los sacerdotes que dieron de baja de esta diócesis.

Al principio hubo cierta reticencia porque ellos se rigen por las leyes de la Iglesia; no obstante, en una segunda cita con el Ministerio Público nos dio a conocer los nombres de estas personas y la información obra en la carpeta de investigación que abrimos”, justificó el procurador Homero Ramos Gloria.

El Observatorio Eclesial reprodujo el manifiesto de las 78 agrupaciones, en el que éstas indican que el “uso político y represivo que se hace de la procuración de justicia desgasta más un aparato que debería estar atendiendo la crisis de graves violaciones a los derechos humanos y combatir la impunidad que impera en Coahuila, que no es un tema menor”.

“El desencuentro entre Raúl Vera y el gobierno estatal rompió la relación que tenían desde hacía cinco años para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas y en la promoción de leyes de apoyo a víctimas de delitos ocasionados por el crimen organizado, como la indemnización para esposas e hijos de desaparecidos”, se informó en el mismo medio.

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