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Luego de los constantes señalamientos en contra de Emilio Lozoya, la Procuraduría solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros del 2012 a 2016 del ex director de Pemex por la investigación del Caso Odebrecht.
De acuerdo a un informe, “por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió una investigación de evolución patrimonial, a partir de su ingreso al servicio público”.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración fue requerido para que reporte “si Lozoya viajó a Brasil durante su gestión como titular de la empresa productiva del Estado”.
Cabe señalar que, el ex director de la petrolera compareció el 17 de agosto ante la Subprocuraduría de Delitos Federales y, una semana después de esa diligencia, la Procuraduría aceleró sus actuaciones y realizó los requerimientos previamente enlistados.
Se ha informado que, “el ex funcionario es indagado por cohecho y enriquecimiento ilícito en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, iniciada por una denuncia presentada el 27 de enero por Araceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación Industrial”.
Además, son tres los directivos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, quienes lo señalan “de recibir 10.5 millones de dólares a cambio de contratos”. Lozoya ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.
Por ahora, la CNBV deberá reportar a la PGR los estados de cuenta, depósitos y retiros de las cuentas de ahorro, inversión y cheques de Lozoya, así como las transacciones en el extranjero donde sea titular, cotitular, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante o representante legal.
Otros requerimientos en relación a su persona son los documentos de cajas de seguridad y bursátiles que acrediten la compra de acciones o valores, incluyendo cartas de instrucción, compraventa de cheques, de caja y divisas.
Una fuente federal dijo que “esperan que en un mes la CNBV rinda los informes a la PGR”. “La Procuraduría sólo está a la espera de los datos bancarios y patrimoniales, y de los testimonios rendidos en Brasil por los tres ex directivos de Odebrecht, para decidir si manda a juicio el expediente”.
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